Proponen menos sueldo a jefes de agencia en 2017

Resistencia. OCALARH y OGP entienden que la medida podría limitar la capacidad del Gobierno de retener talento.

Por Sarah Vázquez @SarahFVazquez

Ante la crisis de liquidez por la que atraviesa el Gobierno, el Senado evalúa un proyecto con el que se regularía el salario anual de los Jefes de agencias, de corporaciones públicas y empleados de confianza a partir del 2 de enero de 2017.

Por medio del proyecto del Senado 1656 de  la autoría de Luis Rivera Filomeno, el Gobierno vería un ahorro de $2 millones al poner una base menor en estos funcionarios públicos.

En concreto, la medida pondera un salario anual de $90 mil para la secretaría de Estado y $80 mil para el resto de los secretarios de agencias públicas. La escala salarial actual fluctúa entre los $120 mil y $106 mil, respectivamente. No obstante, actualmente el Gobierno tiene titulares de agencias que sobrepasan esta escala, como es el caso de la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, quien devenga un salario de $180 mil.

Asimismo, otra funcionaria que supera las cantidades sugeridas en la ley vigente son la secretaria de Salud, Ana Ríus, que cuenta con sueldo pareado a su salario como catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico ascendente a los $150 mil. Esa misma cantidad también es pagada al director de la Administración de Asuntos federales de Puerto Rico, Juan E. Hernández Mayoral. Entre los funcionarios que devengan cantidades excedentes a los sugeridos en la legislación vigente, figura la directora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort ($120 mil).

“Debido a la crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, se hace indispensable que se establezcan mecanismos para una aplicación juiciosa y restringida en el desembolso de fondos para la otorgación de salarios en el servicio público. Como medida de control debido a la situación fiscal por la que atraviesa el Gobierno Central, en las Agencias y Corporaciones Públicas deben establecerse parámetros en los aspectos retributivos en el servicio público”, reza la pieza legislativa que actualmente se discute en la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del Senado.

No obstante, el director de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), Harry Vega Díaz, dejó claro que no apoya la pieza legislativa como está redactada, pero emitió
varias recomendaciones.

Aunque Vega Díaz propone un monto mayor al expuesto en la medida, de todos modos esta cifra es menor a la actual. Por ejemplo, para el puesto de la secretaría de Estado el titular de OCALARH propuso un salario de $110 mil, para los secretarios de gabinete y el Superintendente de la Policía una cifra de $99,000 y para los jefes de agencia no fiscalizadoras, de $85 mil.

Actualmente, la Ley 13 del 24 de junio de 1989, según emendada, dispone que el sueldo de los secretarios es de $80,000, mientras que el del secretario de Estado es de $90 mil. Sin embargo, el Artículo 2 del estatuto faculta al Gobernador a añadirle un diferencial de hasta una tercera parte del salario a ciertos secretarios y funcionarios gubernamentales.

“Tradicionalmente, bajo la Ley 13, siempre se ha pagado el diferencial a los secretarios. Por tanto, entre sueldo y diferencial, comúnmente un secretario recibe un sueldo de $106,400 y el secretario de Estado de $120,000”, detalló el director de OCALARH, durante su ponencia.

Difícil reclutamiento

El funcionario presentó preocupación por los salarios sugeridos en la medida,  ya que las personas que ocupan estos puestos por lo general trabajan en la industria privada y devengan un sueldo superior al establecido en el servicio público. “Es vital que no se afecte la capacidad de reclutar talento y  retenerlo en el servicio público” puntualizó Vega Díaz.

Otro que también levantó bandera ante la medida fue el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, quien alertó que esta medida podría “impedir el reclutamiento o retención del personal mejor cualificado para ocupar puestos de gran importancia para el desarrollo social y económico de Puerto Rico”.

“Ocupar un puesto de dirigente en cualquier entidad pública requiere de una preparación académica particular y experiencia profesional previa de la más alta calidad. En adición, los funcionarios públicos que ocupan estos puestos, supervisan una gran cantidad de personal y adquieren un alto grado de responsabilidad al ser nombrados”, expresa una ponencia presentada por Cruz Batista, en la que alude también a la necesidad de que estos funcionarios están llamados a permanecerdisponibles en cualquier momento del día.

A pesar de que la crisis financiera se incrementa mes a mes, la pieza no propone regular estos salarios de inmediato. Por el contrario, de ser aprobada, la ley entraría en vigor el 2 de enero de 2017, justo en el momento en el que entraría una nueva administración al Gobierno de Puerto Rico.
Víktor Rodríguez Velázquez colaboró en esta historia

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