El portavoz de la minoría penepé en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez emplazó el jueves al senador Miguel Pereira a detener la consideración del informe positivo del nombramiento de de Migdalí Ramos Rivera como jueza de primera instancia ante alegaciones de que se han ocultado detalles de demandas, la mayoría por discrimen político y en el tribunal federal.
“Aquí alguien le está escondiendo información al pueblo de Puerto Rico. Si la abogada no sometió esta información a la oficina técnica en Senado, les está ocultando información a los legisladores y a la vez, posiblemente infringiendo los cánones de ética de la profesión legal. Si las personas de la oficina técnica no se la dieron al senador Pereira, que firma el informe, ellos son los que están cometiendo faltas éticas. Pero si es el senador Pereira es que le oculta estos datos al pueblo, con tal de favorecer a una protegida de Alejandro, entonces se trata de un burdo acto de encubrimiento legislativo”, dijo Méndez en un comunicado.
Méndez indicó que desde el 2013 la abogada es la Directora Asociada de Relaciones Laborales e Igualdad en el Empleo en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y tiene un informe positivo en el Senado para su confirmación. Este informe, que está pautado para el jueves ante el Senado.
Alegó que en el Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado, de siete páginas, no se destaca la información de los siguientes pleitos, en todos los que la licenciada Ramos Rivera figura como co-demandada, tanto en su carácter oficial como personal, y casi todas en el foro federal: (1) Antonio Borrás Borrero v. CFSE, Liza Estrada, Migdalí Ramos-Rivera, et al, número 2016cv1114; (2) Ana María Faguet Betancourt v. CFSE, Liza Estrada, Migdalí Ramos-Rivera, et al; del Centro Judicial de Bayamón; y (3) Lemuel Soto v. . CFSE, Liza Estrada, Migdalí Ramos-Rivera, et al, número 3:15cv02647.
“El informe es tan burdo que dice, en su página cuatro, que buscaron en el sistema de la OAT y del mismo no surge información adversa a la nominada. Pero una búsqueda más completa, incluyendo el foro federal, habría dado cuenta de pleitos por violación a los derechos civiles y a la ley American with Disabilities Act (ADA), todas por personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista y una de ellas por el ex alcalde de Arecibo, Lemuel Soto, aunque demanda en su carácter personal”, alegó el legislador.