Supremo Quiebra Criolla by Metro Puerto Rico
En una decisión cinco a dos el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló en contra de la Ley 71 del 2014, mejor conocida como la Quiebra Criolla.
Con el estatuto el Gobierno de Puerto Rico buscaba tener una herramienta jurídica para declarar en quiebra a sus empresas públicas y evitar así el pago de parte de su deuda. Esto tras quedar fuera del Capítulo 9 de la Ley de quiebra federal en 1984.
La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su decisión por voz del juez Clarence Thomas. “Los disidentes llegan a la conclusión de que ‘el gobierno y el pueblo de Puerto Rico no debería tener que esperar por ayuda congresional para evitar las consecuencias de la crisis’, pero nuestra estructura constitucional no permite a esta corte ‘reescribir el estatuto que el Congreso ha promulgado’’, reza la determinación.
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De acuerdo con la decisión, las leyes federales “prohíben a Puerto Rico promulgar su propio esquema para que sus corporaciones se acojan a la de bancarrota para reestructurar sus deuda”, establecieron.
Ante esto, los jueces determinaron que la última palabra sobre la deuda la tiene el Congreso y que Puerto Rico no tiene autoridad para reestructurar su deuda bajo un régimen supervisado por las autoridades judiciales similar al previsto en el capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
En su opinión disidente de las juezas Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg precisaron que una legislación local que permita a los corporaciones reestructurar su deuda “no es una opción paralela” con las leyes federales por lo que no debería ser prohibido por el Capítulo 9.
“La Ley autoriza a los servicios públicos de Puerto Rico a reestructurar sus deudas, mientras continúan brindando servicios esenciales como la electricidad y el agua”, se detalla en la opinión disidente.
El senador Larry Seilhamer opinó que la decisión evidencia que el Estado Libre Asociado (ELA) es lo peor de los dos mundos. “El resultado del Tribunal Supremo Federal sobre la quiebra criolla es otra muestra de que el ELA es lo peor de los dos mundos. No tenemos soberanía , pero tampoco tenemos igualdad con los demás Estados. Es hora de definirse. Se quejan del castigo al esclavo, pero no de la esclavitud”, aseguró.
Mientras que Eric LeCompte, director ejecutivo de la coalición desarrollo religioso Jubilee US, expresó que la decisión hace más urgente que el Senado federal apruebe la medida que da paso a la implementación de una junta de control fiscal en la isla.
“Las únicas opciones inmediatas que tenemos para hacer frente a la crisis financiera de Puerto Rico es la acción del Congreso o de negociaciones directas entre el gobierno y los acreedores de la isla. Esta decisión demuestra lo importante que es que el Senado apruebe la legislación de la deuda Puerto Rico tan pronto como sea posible. Cuanto más tiempo se tarde en llegar a una solución, peor es el escenario para el pueblo de Puerto Rico”, concluyó LeCompte.
Este es el segundo revés que recibe el Departamento de Justicia de Puerto Rico en menos de una semana. El jueves pasado la Corte Suprema Federal decidió que Puerto Rico no tiene autoridad para procesar por delito luego de que la fiscalía federal ha procesado al individuo por los mismos hechos delictivos.