El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, denunció un esquema de conflicto de interés en la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE) el cual involucra a varios empleados de dicha oficina.
Según alegó el líder legislativo en conferencia de prensa celebrada esta mañana en el Capitolio, el licenciado Edwin Quiñones, del Bufete Legal Quiñones y Arbona, es el eje de este conflicto. Durante las vistas públicas para la confirmación del Director Ejecutivo de esa oficina, el ingeniero José Maeso, Quiñones acudió a abogar a favor de esa confirmación.
Luego de eso, el nuevo Director, nombra a Edwin Quiñones Porrata como Director de Política Publica dentro de la OEPPE. Dependencia que tiene a su cargo, entre otras cosas, sugerir tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y donde se habla de incorporar una partida para pago a los bonistas.
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“En este punto es que surge el conflicto de interés, porque Edwin Quiñones padre representa a bonistas y Edwin Quiñones hijo es quien sugiere en la Oficina de Energía que se incorpore estos cargos para pagarle a clientes de su papa. La interrogante del conflicto va más allá, ¿acaso Quiñones padre ya tenía un acuerdo para el nombramiento de su hijo en esa Oficina cuando abogó por la confirmación de Maeso para Director?”, señaló Aponte Hernández.
El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) indicó, además, que Quiñones padre es socio del Bufete Legal Quiñones & Arbona, de donde salió el actual Secretario de Justicia, Cesar Miranda.
“Es un hecho de que Quiñones padre acudió al proceso de las vista de confirmación de Maeso. Este Licenciado abogó, apasionadamente, por su confirmación. Esa Oficina es la encargada, bajo la ley 57 de 2014, de fiscalizar el cumplimiento con la política pública energética, incluyendo la conservación y eficiencia energética y la protección del ambiente en Puerto Rico. Aquí vemos hasta donde llegan los tentáculos de los Quiñones, quienes, volvemos a reiterar, están encargados de imponernos un nuevo aumento en la tarifa de la luz”, agregó el legislador de la Palma.
La nueva tarifa, o cargo transitorio, entraría en vigor en agosto de este año y tendría una duración de seis meses.
Ante este panorama, Aponte Hernández envió un referido a la Directora de la Oficina de Ética Gubernamental, la Licenciada Zulma Rosario, para que esa dependencia investigue si existe alguna violación a la ley de ética, así como otras posibles infracciones de ley.
