El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya habló. “No hay un plan B” más allá del proyecto congresional H. R. 5278, que impondría una junta de control fiscal federal para la isla.
Tras una reunión ayer entre Obama, el comisionado residente, Pedro Pierluisi, y los congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez, José Serrano y Luis Gutiérrez, se desprendió la postura de Casa Blanca sobre el proyecto de ley conocido como PROMESA.
“El presidente expresó su visión de que el H. R. 5278 es un acuerdo bipartita bueno y sólido. Fue absolutamente claro de que aquí no hay plan B. Sin el H. R. 5278, el Gobierno de Puerto Rico seguramente va a colapsar; los pensionados sufrirán daños, y muchos bonistas perderán sus inversiones”, declaró Pierluisi, luego del encuentro, que duró cerca de una hora, en el salón Oval en Casa Blanca. Además, estableció que, de no aprobarse la legislación federal, el resultado a nivel local sería el “caos, litigios, austeridad y mayor emigración”.
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Por otra parte, en la tarde de ayer, el Congreso sostuvo una vista en el Comité de Reglas para establecer cómo procederá el debate en la sesión de hoy en el pleno de la Cámara federal, donde se considerará la medida.
Al cierre de esta edición, el Comité mantuvo un receso, pues, al terminar de escuchar algunas de las enmiendas y posturas encontradas de republicanos y demócratas, no tenía claro el proceder de la consideración y posible votación hoy en el pleno de la Cámara federal.
De las sobre 30 enmiendas a considerarse, las que generaron discusión en la vista fueron sobre las disposiciones que posibilitan la disminución del salario mínimo de $7.25 a $4.25 a trabajadores menores de 25 años, la extensión de fondos federales como el crédito por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), el crédito por menores dependientes y paridad en fondos de Medicare y Medicaid. Igualmente, congresistas del ala republicana, como John Fleming, quieren impulsar las enmiendas dirigidas a que se priorice el pago a los acreedores de la deuda local y que se mantenga la disposición de que el gobernador pueda reducir el salario mínimo federal.
“Puerto Rico necesita un paquete de estímulo económico”, sentenció el congresista Raúl Grijalva, quien reconoció insatisfacción de aspectos no incluidos en la legislación. Aun así, Grijalva apuntó que la pieza puede ser aprobada de manera bipartita.
El congresista demócrata Gutiérrez, quien propuso una decena de enmiendas, sostuvo que la medida es “ofensiva” y que no atiende el problema base de la isla, que es la relación “colonial” y la falta de crecimiento económico. Gutiérrez no apoya la junta de control fiscal federal, pues manifestó que la puesta en función del ente debe ser decisión de la Legislatura local.
Por su parte, el gobernador Alejandro García Padilla, quien se encuentra en Washington cabildeando por enmiendas, reconoció que, aunque el proyecto PROMESA propone las herramientas necesarias para que Puerto Rico reestructure su deuda pública, los poderes de la junta “pueden mejorar”.
Igualmente, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, comunicó ayer que PROMESA “constituye la solución más inmediata disponible”, pese a que hay amplios sectores que se oponen a la medida en su totalidad.
