Colegio de Abogados defenderá a opositores de la junta de control fiscal

Por Karixia Ortiz Serrano

El Colegio de Abogados proveerá asistencia legal gratuita a los que enfrenten algún proceso judicial al manifestar su postura en contra de la junta de control fiscal federal que impone el proyecto HR 5278 bajo la consideración del Congreso, mejor conocido como PROMESA.

“Comenzamos a hacer un proceso de reclutamiento voluntario de abogados y abogadas que estén dispuestos a representar a las compañeras y compañeros que sean enjuiciados por diferentes acciones que hayan tomado para manifestar su repudio a la junta de control fiscal”, informó a Metro el presidente del Colegio de Abogados, Mark Anthony Bimbela.

Además, Bimbela indicó que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogado aprobó una resolución para oponerse al ente independiente, que de ser aprobado por ambas Cámaras en el Congreso, tendría injerencia directa en los asuntos fiscales y el proceso de la reestructuración de la deuda pública local.  Ante esto, la institución dirigió sendas cartas a los presidentes de la Cámara y del Senado federal para manifestarles las razones de su postura en contra de la junta de control fiscal federal.

“Este estatuto (el que impone la junta) no es otra cosa que una forma de evidenciar, de la forma más cruda posible, el estatus colonial de Puerto Rico. El colonialismo es un delito internacional y una violación a las normas internacionales de derecho. Y le estamos diciendo a ambos presidentes de Cámara que, desde nuestra perspectiva, no es otra cosa, que una forma de dictadura moderna y que tiene visos de servidumbre”, explicó Bimbela.

“Ellos vienen a imponer su criterio y su forma de pensar”, estableció. Opinó que “la mínima autonomía gubernamental que genera el país va a ser suplantada por las decisiones de una persona que tal vez no le interesa resolver los problemas económicos de Puerto Rico”.

El abogado, agregó que alternativas a la junta, cuyos miembros no podrán ser electos democráticamente, sería poner en evaluación y función la ley de quiebra criolla que, a su juicio, permitiría la reestructuración de la deuda de sobre $70 mil millones de una manera ordenada.  

Bimbela, exhortó que la deuda debe ser auditada para conocer los términos y las protecciones de los contratos de los préstamos para saber  si “son contrarios a la ley, a la moral y al orden público, porque nuestro ordenamiento jurídico establece que será nulo todo contrato que viole o sea contrario a la ley, a la moral y al orden público”.

 

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