Tribunales podrían obligar cambios

Por Karixia Ortiz Serrano

El presupuesto presentado finalmente ayer en la tarde establece un escenario que contempla la asignación de $209 millones para el pago de los intereses de la deuda que son responsabilidad del Fondo General.

Según el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, dijo que “es la cantidad que se paga del Fondo General y esto no incluye deudas de corporaciones públicas, como la Autoridad de Carreteras y Transportación, Centro de Convenciones y otras deudas que no son del Fondo General”, como las deudas de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y COFINA.

Además, indicó que la partida de $209 millones es lo que está dispuesto en las propuesta de los acreedores, pero quedarían restando $1,101 millones de la deuda. En la mesa redonda celebrada ayer en La Fortaleza, luego de que el gobernador Alejandro García Padilla presentó su último presupuesto fiscal, este no precisó cuál es el porciento determinado para pagar las obligaciones generales.

Si un tribunal determinara que el Gobierno debe pagar tanto el principal como los intereses de la deuda, sería un total de $1,391 millones, de los cuales $1,013 corresponden a las obligaciones generales, mejor conocidos como los GO, los cuales están protegidos por la Constitución. Así que, si el Gobierno tendría que responder al pago total de la deuda vigente, “tendríamos que redistribuir todo el presupuesto” y reducir partidas asignadas en este presupuesto de $9,100 millones”, estableció Cruz Batista.

Añadió que las asignaciones a cada agencia o corporación pública no pondrán en riesgo los pagos de nómina de los empleados ni pondrán en riesgo los servicios esenciales identificados en salud, educación y seguridad. De surgir el escenario de que se tenga que responder a la totalidad de la deuda, ahí sí se afectaría el ofrecimiento de algún servicio catalogado como esencial.

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