Junta impactará duramente al boricua de a pie

Proyecto. La nueva propuesta del Congreso levanta opiniones encontradas.

Por Karixia Ortiz Serrano

A pesar de que un amplio sector de la ciudadanía común favorece la imposición de una junta de control fiscal para que enderece las finanzas de Puerto Rico, el abogado y experto en temas de derecho laboral Alejandro Torres destacó algunos puntos en los que las medidas contenidas en la propuesta legislación congresional perjudicarían más al boricua de a pie.

Unos de ellos es en la disposición que le da la facultad al gobernador para bajar el salario mínimo, de $7.25 a $4.25, a los trabajadores menores de 25 años.

“La nueva legislación deja sin efecto la Ley 180 del 27 julio de 1998, que dice que el salario mínimo en Puerto Rico es el que se determina como salario mínimo federal. Y va en contra del incremento que está tratando de impulsar escalonadamente hasta llegar a $15 el presidente [Barack] Obama”, dijo Torres.

Otro foco de preocupación que levantó el licenciado respecto a la nueva legislación es que “dejaría sin efecto, de facto, la ley de moratoria”, que, a su modo de ver, presta atención primaria a los servicios esenciales: salud, seguridad y educación.

Torres también destacó que, aunque la nueva PROMESA federal menciona que el plan fiscal que apruebe la junta de control fiscal debe evaluar proveer fondos al sistema de pensiones, no hace énfasis en atender el problema de Retiro, cuya deuda asciende a sobre $40,000 millones.

“No es una junta que realmente venga a ayudarnos a nosotros. Es una junta que viene a proteger unos intereses específicos”, expresó el licenciado, quien es parte de la dirección nacional del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH).

Agregó que la junta establecería que quienes “tendrían prioridad de cobro serían aquellos a los que el Gobierno les adeuda dinero”.

El HR 5278, la nueva versión que crea la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), surgió en la noche del miércoles pasado. Las nuevas disposiciones de la junta de control fiscal federal mantienen el poder de la junta sobre asuntos presupuestarios, mas ningún funcionario local podría cuestionar ni tomar acción legal sobre el grupo. El conjunto en esta ocasión sería de siete miembros escogidos por el presidente de Estados Unidos, y ya el gobernador no sería parte ex oficio como en la medida anterior.

La pieza, además, propone un grupo de trabajo de ocho miembros para evaluar medidas de desarrollo económico. Esto, a juicio de Torres, “reafirma la relación territorial” del país con Estados Unidos.

A pesar de las amplias críticas que ha recibido la legislación, incluyendo las del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, quien dijo ayer que la junta “tiene la facultad de reducir gastos, congelar plazas de empleos, prohibir contratación si no se cumple plan fiscal y con un presupuesto balanceado”, cientos han sido los ciudadanos que se han expresado a favor de que se imponga el ente supervisor.

Una lectora de Metro, identificada como Norma F. Suárez, expresó en su cuenta de Facebook que “si los gobiernos puertorriqueños no han sabido gobernar la isla, no hay de otra que darle la bienvenida a la junta, por el bienestar del futuro de P. R.”.

Con ella coincidió Jacob Roldán, quien dijo también estar de acuerdo con que “la junta sea quien gobierne el desastroso pueblo de Puerto Rico, que no es democrático”.

Igualmente, el economista Gustavo Vélez destacó las bondades del HR 5278, indicando que, de ser implementada, reduciría la migración de puertorriqueños a Estados Unidos, cifra estimada en 2014 en más de 80 mil.

“Si se aprueba este proyecto. se va a reducir la emigración. En la medida en que la gente vea aquí estabilidad —porque lo que hay ahora mismo es un caos; no hay consenso para nada—, se va a quedar. En la medida en que el ciudadano de a pie vea que hay un ente que le va a dar claridad y orden al caos que hay ahora mismo. La gente puede empezar a sentir que hay cierta esperanza, aunque sea más a largo plazo en el país. Ahora mismo no tiene fe ni en el corto ni en el largo plazo sobre Puerto Rico, porque no ve nada coherente caminando”, sostuvo el economista.
 

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