Tras casi un año de escritos y gastos legales, comparecencias al tribunal y decenas de gestiones de seguimiento al Banco Gubernamental de Fomento y La Fortaleza, el Centro de Periodismo Investigativo denunció que el gobierno sigue dilatando el dar acceso a la información sobre las firmas de bonistas que tienen deuda del país.
Esto a pesar de que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones confirmó en abril que es pública la identidad de las compañías de fondos de cobertura que adquirieron bonos del gobierno en la emisión de marzo de 2014 y la cantidad de bonos que cada una de ellas obtuvo, así como la identidad de los miembros del Comité Ad Hoc de bonistas y los términos y condiciones que éstos pusieron al gobierno. El BGF solicitó reconsideración de la decisión hace varias semanas, y el tribunal volvió a dar la razón hoy al CPI en un nuevo episodio de la demanda radicada en julio de 2015.
“El proceder del gobierno en este caso evidencia que el problema de transparencia que se le ha señalado a esta administración en múltiples foros no es un accidente ni un resultado de circunstancias que no están bajo su control, sino una estrategia deliberada para ocultar información al pueblo”, expresó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
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“Tanto el gobernador, Alejandro García Padilla, como la presidenta del BGF Melba Acosta deben entregar la información de inmediato en lugar de seguir apelando con argumentos insostenibles en los tribunales, haciendo mal uso los recursos públicos, y privando a la ciudadanía de conocer a quiénes le debe el gobierno, una información que nos permitiría entender mejor hacia dónde va esta gran crisis fiscal que amenaza a diario los servicios públicos esenciales”, reclamó la periodista.
Por su parte, el abogado Osvaldo Burgos, quien junto a Luis José Torres Asencio representó al CPI, manifestó que: “El Estado debe entender de una vez y por todas que su obligación de actuar con transparencia y su deber de proveer la información pública no puede quedar al arbitrio de los dirigentes de turno. Nuestro País merece tener acceso a toda información de carácter público como corolario de la libertad de expresión”.
