Exclusión del IVA y B2B va para largo

Si la Asamblea Legislativa decide ir por encima del veto que ya adelantó el gobernador Alejandro García Padilla haría si se aprueba la eliminación del impuesto del valor agregado (IVA) y el aumento del impuesto de las transacciones entre negocios, sería la segunda vez en la historia local que ocurriría.

La Constitución de Puerto Rico en su artículo 3, sección 19, establece que “cuando el gobernador devuelva un proyecto, la Cámara que lo reciba consignará las objeciones del gobernador en el libro de actas y ambas Cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que, de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley”.

Según indicó el licenciado Héctor Luis Acevedo a Metro, la votación “es del número total de los miembros que componen los cuerpos, no de los que asistan”. Así que, una vez surge este ejercicio, la medida no necesitará en ninguna instancia la firma del gobernador.

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La primera vez que la Legislatura convirtió en ley un proyecto vetado por el gobernador fue en 2005, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá. El proyecto era de la autoría de la exsenadora Norma Burgos y el mismo solicitó a la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo que mantuvieran abiertas la enfermería, hospedaje y rehabilitación física del Centro de Rehabilitación Vocacional en Centro Médico. Además, dejó sin efecto la transacción de los terrenos del centro al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

No obstante, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, indicó que se están trabajando unas enmiendas y esperan aprobar la medida con apoyo de miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Las medidas bajo consideración es un proyecto sustitutivo impulsado por el representante Rafael “Tatito” Hernández en la Cámara. Este busca eliminar el incremento del impuesto de valor añadido (IVA) de 4 a 10.5 % en los servicios entre negocios, que se supone entre en vigor el 1.o de junio.

Además, Hernández introdujo en el proyecto sustitutivo el rechazo del aumento del IVA a un 15 %, el incremento de 1.5 % del arbitrio a las empresas foráneas, un arbitrio general de un 10 % y la devolución  del impuesto de 1.5 % al país de origen con relación a las megatiendas.

Según García Padilla, derogar los impuestos, especialmente los de las transacciones entre negocios, dejarían de introducir al erario $50 millones.

No obstante, el representante Hernández manifestó que “es imposible que alguien me diga a mí que en 30 días se van a recaudar 50 millones de pesos. Es imposible”.

El licenciado Acevedo recordó que la Constitución deja claro que también la Asamblea Legislativa tiene que establecer cómo y de qué partidas ajustaría el presupuesto en caso de que la aprobación de algún proyecto afecte el desarrollo de un presupuesto balanceado. Además, de convertirse en ley una medida que interfiera con las partidas presupuestarias para los años fiscales pudiera ser impugnada en los tribunales.

Pero Hernández estableció que “esta enmienda en lo más mínimo erosiona los recaudos porque nunca se consideraron. Ahora, para el próximo año fiscal, el que había propuesto, que algunas personas dicen que iban a eliminar eventualmente el B2B (transacciones entre negocios), eso sí tendría un impacto porque estarían eliminando todo lo que ya estaría corriendo”.

Por su parte, el presidente senatorial aseguró que la segura aprobación de la medida es porque “no deberíamos introducir un cambio adicional dada la incertidumbre que hay en Puerto Rico”. Con esto rechazó los señalamientos que hizo el primer ejecutivo al asegurar que era una movida de campaña de los legisladores.