Mensaje sin un plan para atender la crisis fiscal

Por Sarah Vázquez Pérez y Víktor Rodríguez Velázquez

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, informó ayer la firma de una orden ejecutiva que da paso a la aplicación de una moratoria a parte del pago de $422 millones que entre ayer y hoy debía hacer el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Por medio de un mensaje televisivo, el mandatario justificó la acción aduciendo que el país no cuenta con las herramientas para sobrellevar este pago y, al mismo tiempo, asumir los gastos de los servicios esenciales de la isla. Sin embargo, el funcionario no mencionó cuál será el plan a seguir para manejar las consecuencias que llegarán con este tercer incumplimiento del servicio de la deuda local.

“La decisión de no pagar ha sido una decisión muy difícil y la cual, francamente, hubiese preferido no tomar, pero los que tomaron y gastaron esos préstamos no dejaron fuente de repago”, sostuvo.
Asimismo, culpó al Congreso de Estados Unidos “de no haber actuado” para identificar una herramienta que permita al Gobierno reestructurar la deuda del país, que sobrepasa los $70 mil millones.

“Le hemos pedido al Congreso una y otra vez que nos provea las herramientas para reestructurar nuestras deudas. No queremos un rescate financiero. Ni nos han ofrecido un rescate financiero. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no les costará nada a los contribuyentes de los Estados Unidos. Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable”, dijo.

Mencionó las acciones que su administración ha tomado en “esfuerzos” para alertar a Washington sobre la urgencia que corre Puerto Rico para enfrentar sus finanzas.

“Hubiera preferido contar con un marco legal que nos permitiera cumplir con todas nuestras obligaciones, incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores, con nuestros acreedores. Pero, al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como las de los servicios a nuestra gente, he tenido que elegir y elegí”, señaló García Padilla.

Ante esta acción, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, indicó que se trata de “otro grave error” por parte de la administración actual. “Los impagos no son una solución; no benefician a nadie. […] Hace años que la administración de García Padilla ha tenido una cultura de confrontación con los acreedores promovida por asesores que le ha costado al Gobierno millones de dólares”, expresó Pierluisi.

Aunque García Padilla señaló la propuesta que se debate en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, en la que se busca establecer una junta de control fiscal federal en la isla, el mandatario sostuvo que el mecanismo que establezca el Congreso debe respetar al “gobierno propio de los puertorriqueños”.

“Le daría la bienvenida a una junta de supervisión fiscal que asistiera al Gobierno de Puerto Rico en el proceso de balancear su presupuesto y mejorar su disciplina fiscal, para que los errores que cometieron gobernadores del pasado no los cometan otra vez gobernadores del futuro. Pero nos oponemos firmemente a una junta de control fiscal con funcionarios federales, cuyas decisiones prevalezcan sobre las de tu gobierno”, precisó.

Otro que tronó en contra de la movida de García Padilla fue Jorge Irizarry Herrans, presidente del colectivo Bonistas del Patio Inc., quien precisó desconocer cómo esta moratoria afectará a los acreedores locales.

“Nuestros bonistas tienen muchas notas del BGF. […] Lo único que se escuchó en el mensaje fue que no se ha llegado a acuerdos con ‘los buitre’, pero los bonistas del patio no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y negociar algo y a eso queremos llegar”, indicó Irizarry.

La decisión de aplicar la ley de moratoria (Ley 21) al pago parcial del BGF se dio luego de que el pasado viernes la entidad anunciara un acuerdo con cooperativas locales dueñas de $33 millones para intercambiar aproximadamente notas que vencían el 1 de mayo de 2016. Las cooperativas recibirán nuevas notas con vencimiento el 1 de mayo de 2017.
 

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