Advierten sobre riesgos del impago

Por EFE @EFEnoticias

San Juan, 30 abr (EFE).- Los titulares locales de deuda de Puerto Rico, con cerca del 20 % del total de los bonos emitidos, advierten de que si el Gobierno no paga el lunes dejarán de entrar a la economía local 800 millones de dólares anuales, lo que profundizará aún más la crisis.

Así lo apuntó hoy a Efe Jorge Irizarry, presidente de Bonistas del Patio, una organización recientemente constituida que tiene como objetivo representar a los bonistas puertorriqueños en las negociaciones entre el Gobierno de la isla, el Congreso estadounidense y bonistas extranjeros para atender una posible reestructuración de la deuda.

El lunes llega el primer gran vencimiento desde que el Gobierno dijo estar dispuesto a dejar de pagar la deuda. Se trata de 422 millones de dólares en deuda emitida por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero del Ejecutivo.

Irrizarry explicó en una entrevista que los vencimientos de bonos suponen un soporte económico importante para miles de puertorriqueños, que en muchos casos invirtieron en deuda de la isla sus ahorros de toda la vida y que si el Gobierno no paga los debidos vencimientos se verán en problemas financieros.

Además, ese dinero -que cifra en unos 800 millones de dólares anuales, cerca del 1 % de PIB local- no entrará de nuevo en la economía local, como reinversión por parte de los bonistas puertorriqueños, algo que en su opinión no puede permitirse el territorio caribeño.

“Si quitas ese 1 % de la economía una de las primeras consecuencias será que la gente, ante un empeoramiento de la situación económica, recurrirá a la emigración”, dijo en referencia a un fenómeno que en la última década en la que Puerto Rico lleva sumida en la recesión ha provocado una pérdida poblacional del 10 %.

“Representamos a cerca de 60.000 personas que son dueñas de aproximadamente el 20 % de los 69.000 millones de la deuda”, dijo Irrizarry, que fue presidente del BGF en 2007 y 2008.

Dijo que tanto el Gobierno de Puerto Rico como las autoridades estadounidenses tienen que entender que representan a un sector con un porcentaje de deuda muy importante que no puede dejarse de lado.

“Queremos que se haga justicia y se nos devuelva el 100 % de nuestro dinero”, dijo Irizarry, tras resaltar que un buen ejemplo de persona afectada por el problema es su propia madre, “una anciana de 86 años que tiene como única fuente de ingresos los intereses de los bonos” que compró al Estado Libre Asociado y sus corporaciones.

El de su madre, matizó, es solo uno de los muchísimos casos de personas modestas que invirtieron los ahorros de toda una vida en estas emisiones de deuda y que ahora, indicó, si se produce un impago, verán comprometido su futuro.

Irizarry señaló además que es discutible, tal y como asegura el Gobierno encabezado por Alejandro García Padilla, que no haya liquidez para afrontar el pago de la deuda que vence el lunes.

“No hay transparencia en las cuentas del Gobierno”, añadió, tras denunciar que, en su opinión, no todas las corporaciones públicas presentan problemas de liquidez, tal y como quiere hacer creer el Ejecutivo.
El gobernador Alejandro García Padilla adelantó esta semana que no se pagarán los vencimientos del lunes debido a una falta de liquidez que hace imposible a la vez pagar la deuda y prestar a la población los servicios públicos más básicos.

“El próximo lunes hay un impago. Lo estoy diciendo hoy”, señaló este miércoles el jefe del Ejecutivo puertorriqueño en declaraciones a la prensa el miércoles.

Mientras los tenedores de la deuda se orgaizan para defender sus intereses, hay convocada para el domingo en San Juan una marcha en rechazo de la propuesta del Congreso de EE.UU. de imponer una junta de control fiscal que supervise la gestión del Gobierno local para superar la crisis económica y, quizá, como condición para favorecer algún tipo de reestructuración.

Los organizadores de la marcha argumentan que la junta propondrá despedir a casi 30.000 empleados públicos y 18.000 en el sector privado, lo que deteriorará todavía más los servicios de salud y educación.

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