Mientras más se acerca el 1.o de mayo, cuando vence el pago de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de $422 millones, más se pone a prueba el cumplimiento con los ofrecimientos de los servicios esenciales del Gobierno.
Así lo estableció el sociólogo Hiram Guadalupe a Metro. “Estamos en cuenta regresiva al primero de mayo para saber, si en efecto, el Gobierno va a cumplir con el presagio de que iba a proteger los servicios esenciales del país y que el dinero no es para pagarles a los bonistas”, afirmó. “Estamos en compás de espera”, agregó, mientras reconoció una falta de plan a nivel local. Además, Guadalupe reconoció que la ejecutoria de la ley de moratoria definirá realmente las prioridades y los acuerdos con los bonistas.
Y es que La Fortaleza ha admitido que no tiene la capacidad de en medio de la crisis mantener los servicios esenciales en función. Los renglones concebidos como esenciales son salud, educación y seguridad. Del presupuesto del Gobierno alrededor de la mitad va dirigido a satisfacer esos tres renglones en prioridad. Así que, basado en el presupuesto para el año 2015-2016, el monto destinado a estos fines podría alcanzar los $4 mil millones.
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“Sí, tenemos muchos problemas para poder hacer los pagos que tiene que hacer el Gobierno a sus suplidores, muchos de ellos a los servicios esenciales”, afirmó a preguntas de Metro, el secretario se Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz. Ya se conoce que el Gobierno debe a sus suplidores sobre $2,000 millones.
Incluso, el juez federal Gustavo Gelpí ha advertido que, si hoy el Gobierno no confirma que el pago de dinero a los proveedores de servicios a personas con discapacidades, se ejecutaría una orden de embargo contra las cuentas del Departamento de Salud. Se estimó que para febrero las facturas rondaban en $733,000, pero que el Tribunal obligaría a desembolsar mensualmente $750,000.
Otro de los servicios esenciales que ha sufrido el embate de la crisis es en el Departamento de Educación, agencia que mantiene una deuda millonaria con los proveedores de servicio a la población de educación especial.
De hecho, ayer en la mañana el gobernador Alejandro García Padilla citó a una reunión a su equipo fiscal para dilucidar acciones a tomar sobre la reestructuración y para llegar a acuerdos con los acreedores, a una semana del impago. En la reunión estuvieron la secretaria de la Gobernación, Grace Santana; la presidenta del BGF, Melba Acosta; el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz; el secretario de Justicia, César Miranda; el secretario de Estado, Víctor Suárez, y el principal asesor en reestructuración, Jim Millstein de la firma Millstein & Co.