La Policía de Puerto Rico llevó a cabo compras sin subastas o mediante la modalidad de emergencia sin justificar, así lo revela una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico que precisa, además, que existen deficiencias relacionadas con la solicitud de cotizaciones.
Y es que en los años fiscales del 2012 al 2015, se emitieron 22,589 órdenes de compra por $319 millones y se adjudicaron 92 subastas por $18.1. De una muestra analizada, se evidenció que en un 15 % se obvió el proceso formal de subasta sin justificación y en el 11 % de las órdenes de compra se realizaron mediante la modalidad de emergencia aun cuando la explicación de la requisición no se justificaba la emergencia. Esta situación impide a la Junta de Subastas obtener mejores ofertas, resta confiabilidad y puede propiciar el favoritismo.
“No se encontró evidencia en los expedientes de compra, ni esta nos fue suministrada para examen, que justificara obviar el proceso de subasta formal. En su lugar, estas se realizaron mediante el proceso de solicitud de cotizaciones. Además, para dos de estas órdenes de compra para la adquisición de una impresora de rótulos por $25,383 y la compra de vacunas por $25,750, se solicitaron cotizaciones a proveedores que no ofrecían el artículo solicitado”, indica el documento publicado hoy.
La auditoría señala que del examen de los trabajos realizados con $1.8 millones asignados por la Legislatura mediante la Resolución Conjunta 39 en el 2008, se halló que no se efectuaron subastas formales, no se formalizaron contratos escritos para los servicios de construcción, reparación o mejoras, y personas sin preparación académica certificaron los trabajos como realizados.
El Informe de seis hallazgos comenta además, que no se utilizó el Informe de Recibo e Inspección al recibir el 78 % de las órdenes de compra, que no se le impuso una penalidad por entrega tardía al proveedor de uniformes de policías, que no se ejecutó una fianza de ejecución por incumplimiento de un proveedor, y múltiples deficiencias relacionadas con al venta de sellos de rentas internas, entre otros.
La opinión de la Contralora es favorable con excepciones y el Informe cubre del 1 de enero de 2012 al 15 de abril de 2016. En el informe se le emiten una serie de recomendaciones al superintendente de la uniformada, José Caldero, entre lo que se propone que instruya al director de la oficina de compras a que refiera a la junta de subastas toda adquisición de bienes y servicios que exceda los $25,000 y de servicios relacionados con la construcción que excedan de $10,000.