El Gobierno de Puerto Rico afrontará esta semana unos días frenéticos en la búsqueda de alternativas ante el próximo vencimiento de deuda por 422 millones de dólares, una cantidad que dice no tener y que le podría llevar a declarar unilateralmente una moratoria.
La mayor esperanza estaba hasta ahora depositada en que el Congreso de EE.UU. promulgara por fin alguna medida que permitiera a Puerto Rico reestructurar la deuda, ya sea permitiendo al Estado declararse en quiebra bajo la legislación federal, o aprobando algún tipo de rescate financiero.
Por el momento el Congreso se ha comprometido a hacerlo, pero a cambio de que Puerto Rico se someta a una junta federal de control fiscal que tome las riendas macroeconómicas y fiscales de la isla, algo considerado como humillante a nivel local.
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El otro problema es que no parece que esa medida vaya a aprobarse en la semana que entra y, por lo tanto, no llegaría a tiempo antes de que se cumpla el próximo gran vencimiento de deuda, previsto para el domingo, 1 de mayo.
El representante de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, dijo este jueves que un nuevo texto revisado del proyecto de ley que atiende la deuda del Estado Libre Asociado por medio de una junta de supervisión no pasará a votación en el Congreso de EEUU hasta al menos el 9 de mayo.
Pierluisi pidió al Ejecutivo de Alejandro García Padilla, que está operando bajo un estado de emergencia fiscal, que mientras esa medida llega evite impagos en los próximos vencimientos de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero del Gobierno, y que logre algún tipo de acuerdo con los acreedores para aplazar los pagos.
El texto inicial del proyecto federal permite a la mayoría republicana en el Congreso recomendar cuatro de los siete miembros de la junta de supervisión fiscal que se pretende imponer en Puerto Rico, algo que las autoridades de San Juan entienden como excesivo y que acabaría por condicionar la autonomía del Gobierno local.
Pierluisi dijo esta semana que una de las posibles modificaciones aconsejables al texto inicial pasarían por modificar el sistema de nombramientos de los miembros de la junta.
Mientras, el Legislativo de Puerto Rico debate enmiendas sobre la ley que faculta al gobernador para declarar una moratoria en el pago de todo tipo de deuda, incluida la protegida constitucionalmente.
Puerto Rico acumula una deuda de unos 72.000 millones de dólares, a los que se suman otros 44.000 de fondos de pensiones pendientes, mientras se enfrenta a una fuerza laboral inferior al 40 % y una masiva emigración de gente joven a EEUU y una tasa de pobreza del 45 %.
Todo ello repercute en una escasa capacidad recaudatoria de impuestos con los que financiar la actividad del Gobierno y el pago de las obligaciones derivadas de la deuda. La Hacienda de Puerto Rico aún no ha realizado todas las devoluciones de las declaraciones de la renta de 2014, cuando ya se ha vencido el plazo incluso para presentar las de 2015.
Además, el Gobierno de Puerto Rico acumula facturas impagadas desde hace meses, lo que ha llevado incluso a un juez federal a tener que embargar esta semana los fondos del Departamento de Salud de Puerto Rico, ante el impago a los proveedores de servicios a los pacientes con discapacidad mental, autismo y síndrome de down.
Según confirmó el viernes el portavoz del Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, el BGF ha alcanzado una tentativa de acuerdo con cerca de la mitad de sus acreedores que permitiría reestructurar la deuda bajo supervisión judicial.
El brazo financiero del Gobierno de la isla, cuya liquidez era hace dos semanas de 562 millones de dólares (el dato disponible más reciente), ha realizado las gestiones necesarias para emitir más deuda, con vencimiento en un año.
La agencia de calificación de Moody’s dijo esta semana que previsiblemente el BGF no podrá desembolsar los 422 millones de dólares que tiene que pagar la próxima semana y advirtió que también son probables otros impagos como los de la deuda que debe pagar la Autoridad de Carreteras y Transportación o la Compañía de Desarrollo Industrial en los próximos meses.
Sin embargo, consideró que es previsible que el Gobierno, con el ánimo de evitar demandas, concentre sus esfuerzos en pagar los vencimientos que se deriven de las Obligaciones Generales, ya que este cobro está garantizado por la Constitución de la isla, que le da prioridad sobre cualquier otro gasto.
