Sin determinar receptor de dinero tras ajuste en contrato de Carreteras y Metropistas

Por Karixia Ortiz Serrano

“No se han determinado los usos porque aún no se ha llevado a cabo el cierre financiero del acuerdo entre las partes. La ley dispone, además, que con relación al uso de los fondos, el Banco Gubernamental de Fomento y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) deberán presentar un memorando al Gobernador con su recomendación a esos efectos”. Así lo estableció la directora de la AAPP, Deliris Ortiz Torres, tras un ajuste del contrato de concesión entre la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y Metropistas.

Algunas de las enmiendas realizadas al contrato de concesión existente entre las partes, son extender el mismo por 10 años más, acuerdo que cuando se concrete, el Gobierno recibiría $115 millones ($100 millones al momento del cierre de la transacción y los restantes $15 millones en o antes del 30 de junio de 2017). 

Esto establece un serio debate tras una falta de liquidez en las arcas del Gobierno. Más aún cuando el primero de mayo vence un gran pago por $422 millones de la deuda del BGF.

Cuando se materialice el acuerdo entre las partes, es que se establecerá a dónde se dirigirán los fondos que pueden ir tanto a la ACT, al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) o al Estado Libre Asociado (ELA). 

“Una vez se concrete la misma, y a la luz de la situación económica que vive la ACT y Puerto Rico, se determinará el uso que se le dará a los recursos que produzca la transacción,” subrayó Ortiz Torres con relación a las disposiciones que establece la Ley de las APP, bajo la cual se suscribió el contrato con Metropistas en 2011.

Hace casi un año, el 6 de mayo de 2015, Metropistas se acercó al Gobierno y solicitó presentar enmiendas al contrato original de la concesión de la PR-22 y PR-5, que data de septiembre de 2011. Luego de Metropistas presentar sus propuestas y después de varias reuniones, oficiales de la ACT, el BGF y de la APP evaluaron y acordaron los términos de la enmienda.

“Las enmiendas propuestas al contrato fueron acordadas luego de un riguroso análisis. Algunas de las enmiendas propuestas por Metropistas no fueron aceptadas.   A tales efectos, se contrataron expertos que valoraron las propuestas y se escogieron las que presentaban mejor valor para el interés público,” expresó la Directora Ejecutiva de la ACT, Carmen Villar Prados.

“La propuesta final de Metropistas representa un incremento de entre un 40-46% de la oferta inicial de $93 millones. La Junta de Directores de la ACT aprobó la transacción en su reunión del 10 de marzo de 2016 y la Junta de Directores del BGF aprobó la transacción el 12 de marzo de 2016. La enmienda al Contrato de Concesión se otorgó el 19 de abril de 2016”, agregó Villar Prados, quien sostuvo, además, que “como Directora de la ACT, continuaré buscando todas las opciones posibles para tratar de enfrentar la crisis fiscal que vivimos.”

Villar Prados recalcó que dicha transacción se realizó en virtud de la ley de las AAPP y en función del contrato existente entre las partes, “y representa un mecanismo más para atender la crisis de liquidez en las arcas del Gobierno de Puerto Rico.”

Tras varios meses de análisis y negociación, el 16 de febrero de 2016, se acordaron los siguientes términos económicos:

  • Un pago por adelantado de 115 millones de dólares, de los cuales 100 millones se pagarán al cierre de la transacción y los restantes 15 millones en la fecha en que se implemente el peaje bidireccional o el 30 de junio de 2017, lo que ocurra primero;
  • La reestructuración de las plazas de peajes en la PR-22 y en la PR-5 pasa de ser unidireccional a ser bidireccional (lo que conlleva un ajuste de .05 centavos por peaje);
  • Extensión del término del Contrato de Concesión de 40 años a 50 años (10 años adicionales);
  • Modificación en la estructura de participación en los ingresos del peaje dinámico (DTL), que actualmente opera y mantiene Metropistas, de 50% a 75%; y
  • 30% de participación para la ACT en las ganancias en exceso de la proyección de ingresos por concepto de peajes acordada entre las partes.
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