Rivera Schatz legislará para que funcionarios paguen su defensa

El Senador advirtió que buscará que los funcionarios involucrados en decisiones que provoquen demandas tengan que pagar los litigios en su contra.

Por Metro

El senador Thomas Rivera Schatz advirtió que presentaría legislación para que los funcionarios involucrados en la toma de decisiones que provoquen demandas de acreedores tengan que costear su defensa en los tribunales y también deberán pagar parte de las compensaciones que los tribunales otorguen a los acreedores demandantes.

“Aquí hay funcionarios de alto nivel y miembros de juntas de directores en corporaciones públicas, incluyendo al gobernador, que se están otorgando así mismo licencias poéticas  e inmunidades al tomar decisiones irresponsables que provocarán enormes demandas contra el pueblo de Puerto Rico por parte de acreedores, debido a que el gobierno incumpliría con obligaciones constitucionales y contractuales, incluyendo violaciones de derechos civiles. Esa actitud envalentonada de estos funcionarios surge porque, hasta hoy, la Ley 9 de 1975 dispone que se paguen con fondos públicos los abogados que los defenderán de esas demandas y hasta las compensaciones económicas que los tribunales les otorguen a los acreedores que sufran violaciones a sus derechos civiles como la privación de sus propiedades y ahorros sin el debido proceso de una ley que sea válida constitucionalmente. Pues a todos les anticipo que, a partir de enero de 2017, la ley cambiará”, indicó el senador.

Y es que Rivera Schatz advirtió que “legislaremos para que esos funcionarios irresponsables tengan que pagar sus abogados con su propio dinero y también las compensaciones que los tribunales les otorguen a los acreedores, hasta donde lleguen los recursos económicos personales de cada uno de esos funcionarios”.

La Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, establece que un funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que sea demandado en daños y perjuicios en su carácter personal por actos u omisiones incurridos dentro del marco de sus funciones que constituyan violaciones a los derechos civiles de los demandantes, puede solicitar que el Estado le provea representación legal y pague la sentencia que en su día pueda recaer.

Esta ley también protege a los funcionarios, aún después de cesar en sus funciones públicas y mientras los litigios se encuentren en trámite judicial.

El ex presidente senatorial sostuvo su advertencia en el hecho de que el gobernador Alejandro García Padilla y los principales funcionarios de su administración han sostenido que se puede legislar para incumplir obligaciones de rango constitucional y contractual con los acreedores del gobierno en medio de una situación de crisis fiscal. Han legislado además para protegerse con inmunidades absolutas librándose de cualquier responsabilidad por sus actos.

“Si ese ha sido el argumento que han utilizado García Padilla, sus jefes de agencias y legisladores para tomar decisiones irresponsables para arrastrar al pueblo de Puerto Rico a un diluvio de demandas multibillonarias, entonces a ellos se les debe aplicar la misma regla. Indudablemente, la crisis fiscal que ellos dejarán en las arcas públicas será peor que ahora cuando entreguen el gobierno en enero de 2017. Por lo tanto, si ellos realmente creen que se pueden evadir legislativamente las obligaciones constitucionales y contractuales del gobierno con sus acreedores por esa razón, entonces dejar sin efecto la ley que los protegería  económicamente en esas demandas es mucho más viable porque la misma no tiene rango constitucional ni contractual”, concluyó.
 

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