Se cierra brecha para crisis económica de P.R.

Inseguridad. De no pasar la legislación para Puerto Rico en el Congreso, el Gobierno local tendría que mover sus fichas en solitario.

Por Karixia Ortiz Serrano

Se acerca la fecha en que el Gobierno de Puerto Rico tendrá que cumplir con varios pagos de su deuda. Sin embargo, todas sus cartas de juego parecen estar estancadas.

Por un lado, la propuesta de establecer una junta de control fiscal federal se quedó anteayer en suspenso luego de que la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal no encontrara todos los votos para el proyecto que crearía la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

Por el otro, la posibilidad de que el país pueda acceder a una reestructuración de su deuda por medio de la llamada quiebra criolla parece dormir el sueño de los justos en el Tribunal Supremo federal. La determinación del alto foro se espera que suceda antes del verano. La tercera opción es la aplicación de una moratoria a estos pagos por medio de la Ley de Moratoria que recientemente aprobó el gobernador Alejandro García Padilla. Sin embargo, las tres opciones han recibido repudio de diversos sectores, mientras que el país se enfrenta a una baja en su liquidez y amenazas a los servicios esenciales.

Como consecuencia, el abogado y analista John Mudd vaticinó un panorama de impago y demandas por parte de los acreedores tan pronto como este verano.

“El 1.º de mayo, Puerto Rico no va  pagar. Van a demandar a Puerto Rico el 1.º de julio. Eso lo va a decidir un tribunal, sea el federal o el estatal, porque hay diferentes [litigios] que pueden ocurrir al mismo tiempo o consolidados”, advirtió el licenciado en referencia a un pago de $422 millones de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, que se vence en 1.o de mayo y otro de $1,900 millones de las obligaciones generales que se vence el 1.o de julio.

Ante esto,  el experto alertó que son pocas las posibilidades de que el Congreso dé paso a una medida como la propuesta de una junta de control fiscal. 

“No va a pasar ningún proyecto, porque en la Cámara [federal] no va a ser aprobado”. Pero, de pasar, indicó que, en el Senado, donde pudiera haber más oposición de la minoría, “cualquier demócrata lo podría detener con un filibuster (estrategia para obstruir la aprobación de una medida)”.
En contraste, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, se mostró más esperanzado en que se dé paso al proyecto PROMESA, pero con “un buen mecanismo de reestructuración y una junta razonable”.

“Lo importante es que en la delegación republicana, donde hay voces en contra de cualquier reestructuración de deuda, caigan en tiempo y se den cuenta de que aquí la reestructuración o la posible reestructuración de la deuda en Puerto Rico, va a estar en manos de esta junta federal”, explicó el funcionario, quien se mantuvo confiado en que en la próxima semana el Comité pueda llevar a cabo el proceso de votación del Proyecto H. R. 4900.

Pierluisi indicó que, desde el miércoles por la noche, el personal del Departamento del Tesoro trabajó hasta muy tarde en el Comité para lograr ajustes y enmiendas relacionadas con la disposiciones de la reestructuración de la deuda. Este aspecto es el que ha levantado mayores controversias entre republicanos y demócratas.

De hecho, a juicio de la Coalición del Sector Privado, que participó en el cabildeo en Washington, estas controversias, junto con el hecho de que la medida no cuenta con los votos, dejan entrever que al proyecto “le falta y hay espacio para mejorarlo en beneficio de Puerto Rico”.

“Es importante dejarles saber a los Congresistas que cualquier medida que atienda solamente el problema fiscal y de la deuda de Puerto Rico, dejando a un lado el componente de desarrollo económico, sería un ejercicio fútil, pues en par de años estaremos tocando sus puertas otra vez”, expresó Francisco García, presidente de la Asociación de Industriales.

Con él coincidió el representante del Partido Popular Democrático, Rafael “Tatito” Hernández, quien reiteró que la petición ante el Congreso debe ser reclamar un espacio de cinco años para recuperar la liquidez para que el Gobierno pueda operar.

Pero, para el representante popular, de no rendir frutos las gestiones congresionales, “el panorama sería que al final te tienes que sentar con los acreedores, los puertorriqueños con los sectores afectados y reconocer la magnitud del problema y resolverlo en Puerto Rico”.

Por su parte, el senador del Partido Nuevo Progresista, Larry Seilhamer, indicó que, si el país no logra obtener una herramienta para encarar la crisis fiscal y económica que atraviesa, podría enfrentarse a un “caos” que intensificaría la migración masiva desde la isla.

“Lo importante es que tiene que existir acción, porque que no pase nada no puede ser una opción”, afirmó el senador.
 

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