Congresistas de origen boricua truenan contra proyecto de la junta

Por Inter News Service

Los representantes al Congreso por Nueva York, Nydia M. Velázquez y José E. Serrano recalcaron sus reparos al proyecto H.R. 4900 (Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico) dado a conocer hoy por el congresista Rob Bishop, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

Velázquez indicó que aunque unos artículos objetables propuestos inicialmemte fueron sacados del actual borrador, y significan un progreso, otras secciones problemáticas sobrevivieron, como las que permiten bloquear legislación, regulaciones y los contratos ya aprobados por “el gobierno democráticamente electo”, lo que no se puede permitir.

Por otro lado, tampoco considera factible rebajas al salario mínimo y el mensaje que le envía a los jóvenes trabajadores. La idea de Bishop es pagar menos del salario mínimo dispuesto en la ley federal, e ir escalando paulatinamente. Para Velázquez, esta es una garantía para la migración de esa fuerza trabajadora.

Mientras, se debe garantizar que las 3.100 hectáreas que el gobierno federal pudiera traspasar al gobierno estatal, no sean vendidas para desarrolladores privados que hagan dinero fácil.

“Estoy decepcionada por la inclusión de una serie de barreras a la reestructuración”, agregó la congresista por Nueva York, como requerir que la junta de cinco personas voten unánimemente. “En vista de que 4 miembros serán nombrados por los republicanos, hay razones suficientes para creer que la reestructuración (de la deuda) nunca podrá realizarse”, dijo.

Para que esta medida legislativa sea efectiva y tenga su apoyo, agregó, “las herramientas de reestructuración debe ser accesibles a la Isla”, y que no estén “fuera del alcance de Puerto Rico”, como está redactado en este momento.

Por su parte Serrano, más escueto, agradeció que muchas de sus recomendaciones fuesen acogidas, pero, de todos modos, hay asuntos “muy problemáticos” todavía, como el veto a las acciones estatales en su ejercicio democrático de legislar, que incrementa, dijo, los aspectos coloniales de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos.

Además, la vara para que se pueda reestructurar la deuda “ha sido puesta muy alta” y de hecho la hace imposible, además de que no se deben desautorizar las protecciones laborales.

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