Cambios cosméticos en proyecto que impulsa JCF

Junta. Pocas fueron las variantes en la legislación que asigna para el país una junta con amplio acceso a las instrumentalidades, plan fiscal y presupuesto.

Por Karixia Ortiz Serrano

En momentos en que el Gobierno de Puerto Rico ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por falta de transparencia en el manejo de información pública, la posible imposición de una junta de control fiscal federal podría tomar sanciones administrativas contra todo funcionario que provea de información falsa o a medias.

Esa es una de las disposiciones contenidas en el proyecto radicado ayer en la tarde por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal. La medida H. R. 4900 (Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico). PROMESA (por sus siglas en inglés), elaborada en 121 páginas, especifica que los funcionarios públicos que se resistan a alguna petición de la junta propuesta estarán sujetos a la suspensión de labores sin paga o que sean removidos de sus cargos.

Anteriormente, el borrador del proyecto —cuya primera versión fue publicado en marzo de este año— proponía que estos empleados pudieran ser procesados criminalmente, más una multa.

La junta, ahora compuesta  por siete miembros, ya no tendría la representación del Departamento del Tesoro federal. Serían, pues, dos miembros escogidos de una lista que someta el presidente de la Cámara federal. De estos dos, uno tendrá que residir o tener negocios en la isla. Otros dos serán seleccionados de la lista que recomiende la mayoría del Senado federal. Dos de los miembros serían seleccionados por la minoría de la Legislatura federal. El séptimo puesto lo ocuparía un miembro seleccionado a discreción del presidente de Estados Unidos. El gobernador de turno de Puerto Rico sería también parte del ente y no tendría derecho a voto. Ahora la representación del Tesoro federal no será parte de los miembros exoficio.  El término de cada miembro se extendería por tres años en los que no tendrían un salario. Solo el director de la junta recibiría una remuneración establecida por los otros miembros. La junta funcionaría con un presupuesto para contratar asesoría e individuos expertos en temas económicos. La misma tendrá una oficina en el país y en otro lugar donde considere pertinente.

La junta tendría la potestad  de proponer, aprobar y mandar a revisar el plan fiscal y el presupuesto que desarrollen tanto el gobernador como la Legislatura.

El ente con inmunidad judicial velará que en las agencias públicas no se incurran en contrataciones mayores a $100,000, a menos que el organismo lo haya aprobado previamente.

Las leyes que se manejen en la Legislatura local también podrían ser enviadas a revisar por dicho cuerpo supervisor si no responden al plan fiscal establecido.

La medida incluye un proceso de reestructuración de la deuda, pero tendrían que estar vigentes el plan fiscal y los estados financieros. Igualmente, si alguna agencia gubernamental quiere entrar en un proceso de reestructuración, tendría que solicitarlo al ente.

La medida fue radicada por el Comité que preside el congresista Robert Bishop, con el apoyo del congresista Sean Duffy, autor de la pieza que propone crear una junta federal de control fiscal.

La vista en el Comité será hoy y continuará el jueves a las 10 de la mañana.

Durante la audiencia depondrán, el asesor del Tesoro, Antonio Weiss; el profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) Simon Johnson; el director gerente de la firma de inversiones Nueveen, John Miller; el exalcalde de Washington, Anthony Williams; el miembro de la Escuela de Derecho de Fordham University, Andrew Kent; el vicepresidente para Asuntos Legales y Públicos del Centro para Libertad Individual, Timothy Lee, y el abogado Susheel Kirpalani del bufete Quinn, Emanuel, Urquahart y Sullivan de Nueva York.  “El borrador publicado esta tarde (ayer) recoge varios de los planteamientos con respecto a un enfoque más justo de los poderes de la junta y es un paso importante en la dirección correcta. Continuaremos estudiando el proyecto y cabildeando para que el proyecto final contenga una junta cónsona con las instituciones democráticas del país, provea de un régimen de reestructuración eficaz que estabilice las finanzas públicas y encamine el desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó el gobernador Alejandro García Padílla, al tiempo que agradeció al congresista Bishop, al speaker Ryan, la líder Pelosi, a los congresistas puertorriqueños Nydia Velázquez, José Serrano y Luis Gutiérrez y al comisionado residente, Pedro Pierluisi.

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