Veintena de políticos hacen guardia en D.C.

Washington. Gobierno local realiza intensa jornada para convencer al liderato congresional de aplicar enmiendas a legislación PROMESA

Por Karixia Ortiz Serrano

El tan esperado “nuevo” borrador de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que se gesta desde el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, no se presentó ayer como se esperaba y se pospuso para hoy a las seis de la tarde.

Así lo confirmó por escrito la portavoz de prensa del Comité que preside el congresista republicano Robert Bishop, Elise Daniel. Según la funcionaria, en un mensaje, en el que no dio detalles, indicó que los planes cambiaron y la presentación para la discusión del nuevo borrador se pautó para hoy a las seis de la tarde.

No obstante, luego de la presentación formal del borrador, se espera que el mismo sea llevado para su discusión mañana, miércoles, en una audiencia programada por el comité a las cuatro de la tarde y a la que aún el gobernador Alejandro García Padilla no ha sido invitado. Según comunicó el mismo comité, este iniciaría el proceso de votación, acto que se extenderá hasta el jueves a las 10:00 a. m., cuando se reunirán los congresistas para los trabajos.

García Padilla inició ayer una agenda intensa de cabildeo en la capital federal en la que se unieron 21 funcionarios públicos, cuyos gastos son pagados por el pueblo. En la comitiva también están cuatro representantes del sector privado y aspirantes
a la gobernación.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, viajó anoche a Wasington, pero sus esfuerzos de cabildeo se centrarán en el Senado federal, donde se espera que la pieza de ley llegue en mayo si se aprueba en la Cámara federal. 

Al frente común del gobernador también se uniría el miércoles el aspirante independiente a la gobernación Manuel Cidre.

La estrategia que ha realizado es la de conformar cinco grupos que, simultáneamente, sostengan reuniones con congresistas o los representantes de estos en sus oficinas. Entre los puntos que llevan sobre la mesa es que se incluya en la legislación la reestructuración de la deuda, el respeto de la democracia si se impone la inminente junta de control o supervisión fiscal federal e impedir posibles litigios para continuar las negociaciones con los acreedores.

No obstante, el secretario de Asuntos Públicos en La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, afirmó que “a la misma vez que nosotros estamos promoviendo aspectos importantes y esenciales para nosotros, sabemos que hay un grupo de acreedores que están haciendo lo mismo en contraposición a nosotros”.

Ademas, según dio a conocer La Fortaleza, en la tarde de ayer el primer mandatario se reunió con Jerry Abramson, director de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, encuentro que describen como un apoyo de la administración del presidente Barack Obama a las gestiones.

De otro lado, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, sostuvo su postura de que “todavía hay un proceso en marcha”. Ademas, sobre la legislación, indicó que el proceso aún no concluye.  “En lo  que hemos sido muy claros es que la única manera en que Puerto Rico pueda resolver la situación que enfrenta es que haya una reestructuración global de la deuda. Y que, junto con eso, es necesario que haya una junta de supervisión muy fuerte para asegurarse de que Puerto Rico continúa en camino”.

“Todavía hay algunas cuestiones en discusión. Hemos tenido una muy buena relación de trabajo con la base bipartidista que trabaja con muchos muchos aspectos técnicos. Pero todavía hay una serie de cuestiones muy difíciles que están pendientes y que, si se resuelven de la manera correcta, darán lugar a un apoyo bipartidista; pero, si no se resuelven de la manera correcta, simplemente no funcionarán. Y nosotros no vamos a apoyar algo que no funciona”, concluyó Lew en sus declaraciones escritas.

Entretanto, los frentes de las negociaciones en los que el Gobierno apuesta todas sus cartas para que Puerto Rico pueda encarar su crisis fiscal se realizan tanto en el Congreso, con los acreedores en el estado de Nueva York, más con la determinación con relación a la quiebra criolla en el Tribunal Supremo federal.

La Fortaleza comunicó que los gastos por motivo de los viajes oficiales de los funcionarios de Gobierno “constituyen viajes oficiales, por lo que se tienen  que costear según se establece en los reglamentos de cada agencia”.

De otra parte, los aspirantes a la gobernación y los miembros del sector privado que participan en estas gestiones no entrarían en el presupuesto público.

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