El presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, detalló que le solicitó a su matrícula el estatus de los proyectos de infraestructura que ya están en desarrollo. Esto ante la posible dilación en pagos a raíz de la orden ejecutiva que permite al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) limitar los retiros de dinero de la institución financiera hasta el 31 de enero de 2017.
“El viernes pasado los alcaldes nos reunimos y estuvimos pidiéndole información de los estatus de cada proyecto. Pero, sabemos que los pagos no se detienen totalmente, los pagos empiezan a fluir con mayor lentitud y en la medida que los gobiernos municipales sometan las facturas a tiempo es que el banco va a ir pagando. Precisamente, la ley de moratoria lo que hace es proteger el proceso de pagos para lo que tiene que ver con servicios esenciales y las relaciones contractuales ya vigentes en proyectos en desarrollo”, apuntó el también alcalde de Cayey en entrevista con Foro Noticioso.
El mandatario municipal se unió al coro de alcaldes que reitera que lo ayuntamientos no son responsables de la situación precaria del BGF, pero subrayó que deben aportar para resolver la crisis del Gobierno Central.
“Lo más importante es que quede reconocido que los préstamos de los gobiernos municipales no son los préstamos que afectan al banco, no son los préstamos que han llevado al banco a la situación de déficit que se encuentra. Los préstamos están garantizados por contribuciones que pagan los ciudadanos especialmente la contribución sobre la propiedad y esos préstamos se pagan con un año de anticipación. Si el banco se encuentra en crisis no se debe a prestamos otorgados a los municipios”, recalcó. Este enfatizó que “cada cual tiene que hacer una aportación en términos del sacrificio para poder ayudar a resolver la crisis. Si el gobierno establece un plan una estrategia para poder llevar a mejor estado la situación económica los gobierno municipales también debemos contribuir”.
Son unos $300 millones en préstamos ya aprobados que se dilatarían para conservar la liquidez del BGF. Se desembolsarían unos $10 millones semanales.
Fue el sábado pasado que el gobernador Alejandro García Padilla firmó una orden ejecutiva que dispone, entre otras cosas, que los desembolsos por parte del BGF deben ser aprobados por el Ejecutivo.