Continúa el empuje para enmendar ley de moratoria

Por Karixia Ortiz Serrano

La Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico continúa generando un debate entre líderes políticos, más ha provocado que legisladores le hagan frente con enmiendas que alterarían ciertas disposiciones controversiales contenidas en la misma.

La portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González, confirmó que ayer, junto con representantes de su delegación, radicaron un proyecto (Proyecto de la Cámara 2862) para derogar la ley que, entre otras cosas, propone una moratoria en lo relacionado a la deuda de Puerto Rico.

“Yo quiero que la ley se derogue. Creo que la ley es mala, es inconstitucional de su faz y no resiste ni una llovizna”, aseguró González en rueda de prensa en el Capitolio. “No solo creo que la medida es mala de manera total, sino que crea una fisura entre lo que son cumplir con nuestra Constitución y cumplir con nuestras obligaciones”, agregó.

Pero, reconociendo que la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) no apoyaría la eliminación de una ley recién aprobada, la legisladora aseguró que estaría trabajando en enmiendas con esfuerzos bipartita para cambiar ciertas disposiciones que tienen, a su juicio, “visos de inconstitucionalidad”.

El proyecto de las enmiendas para la ley de moratoria, que esperan radicar entre hoy y mañana, para luego seguir trabajando sobre ella el próximo lunes y martes, buscaría proteger,  en general, a los pensionados, las cuentas de los municipios y a las cooperativas. Estas enmiendas se unen a las propuestas por el representante Rafael “Tatito” Hernández, quien propone eliminar de la moratoria las emisiones de bonos respaldadas por la “buena fe y crédito del Estado Libre Asociado”, las emisiones que están garantizadas con fuentes de repago que se depositan en fideicomisos como el CRIM, COFIM Y COFINA, entre otros.

Según ha manifestado el representante Hernández a Metro, sus enmiendas propuestas en conjunto con la delegación del PNP tienen potencial de ser aprobadas. Incluso, precisó que el acto es en acuerdo con el gobernador Alejandro García Padilla, con quien llegó a un acuerdo para dar su voto a favor la noche que se aprobó el proyecto de la moratoria en la Cámara.

De otro lado, González buscaría que se incluyan en el proyecto de las enmiendas la reducción de los poderes en algunas disposiciones que esta ley le faculta al gobernador en casos de declaración de estado de emergencia.

“Otro de los visos inconstitucionales que tiene la medida es el menoscabo de obligaciones contractuales, ya que permite se cambien las reglas de juego a mitad de camino de cualquier proceso de contratación en el Gobierno de puerto Rico, incluida las emisiones que se hayan efectuado. Además, esta ley contiene una cláusula que le permiten al gobernador hacer expropiaciones sin compensación, sin el depósito requerido ante la adquisición de estos terrenos (propiedades) y le permite también al gobernador, por vía de orden ejecutiva, por decreto, hacer expropiaciones sin cumplir con esa consignación y como única garantía de que eso sea necesario cumplir con los servicios del Gobierno”, sostuvo González.

Sin embargo, en entrevista previa con Metro, el representante Popular Luis Raúl Torres, explicó que acceder a las enmiendas que propuso originalmente Hernández, dejarían al Gobierno en “un estado de indefensión ante  los vencimientos de la deuda que vienen en mayo y en julio”.

En cuanto el aspecto de la expropiación de la o las propiedad/es de algún contratistas del Gobierno que se niegue a suplir recursos de servicios esenciales de salud, educación o seguridad, en una declaración de estado de emergencia, sería en “casos extremos”.

“Eso no es que el Gobierno va a coger la propiedad y la va a incautar. Tiene que generar un proceso de expropiación en la sala superior de un  tribunal, como establece la Constitución y sería el tribunal quien decide si autoriza o no la expropiación y el Gobierno tendría que darle la paga del mercado justa. Así lo  establece la misma ley. Eso no es que le dimos un poder omnímodo ni omnipotente al gobernado. Es una alternativa para lidiar con la situación”, explicó el representante.

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