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Estudiantes UPR Ponce decretan paro de 72 horas

Estudiantes del recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico (UPR), decretaron un paro de 72 horas en su tercera Asamblea Ordinaria de Estudiantes celebrada el miércoles y organizada por el Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto.

“La asamblea fue para contestar los reclamos que los estudiantes presentaron en la asamblea extraordinaria del 17 de marzo pasado. Asimismo, se discutieron asuntos como el atraso en el pago de las remesas, la reducción de cantidad de estudiantes admitidos para el próximo año académico, las finanzas de la Universidad, entre otros. Por otro lado, se discutió sobre la posible implantación de una Junta de Control y Sostenibilidad Fiscal, la deuda pública, la situación del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y su efecto en la funcionalidad de la UPR”, dijo en un comunicado, Julissa Vega Santiago, presidenta del CGE.  

Indicó que en la asamblea, que contó con la participación de 1,333 estudiantes o aproximadamente el 40 por ciento de la matrícula, se presentaron varios reclamos entre los que está el paro de 72 horas con el fin de tener un espacio de reflexión, creación de propuestas y unificación de la comunidad universitaria y el país.  

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Vega Santiago precisó que entre las actividades programadas durante las 72 horas se encuentran presentaciones relacionadas a la situación fiscal del país y la Universidad, acceso, presentaciones de organizaciones estudiantiles, que incluyen baile, presentaciones de cortometrajes, recitales de poesía, presentaciones musicales, presentaciones sobre agricultura, diálogo entre diferentes sectores de la universidad, múltiples espacios de creación de propuestas y manifestaciones.

Mientras, señaló que se presentaron otros reclamos entre los que está organizar una manifestación frente al Departamento de Hacienda y el Capitolio en la que participaran miembros de la comunidad universitaria de los 11 recintos de la UPR y uniones del país, para reclamar los pagos adeudados y oponerse a cualquier recorte que pueda afectar la educación y el sistema de salud del país, así como oponerse a la Junta de Control y Sostenibilidad Fiscal.

También acordaron rechazar cualquier reducción de admisión a la UPR de Ponce que redunde en una educación inaccesible.

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