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El municipio de Río Grande incurrió en déficits operacionales por $4.2 millones, 44.6 millones y $3.4 millones en los años fiscales de 2012 al 2014; sobregiros por $824 mil de 2011 al 2014 y sobregiros por $1.9 millones al 31 de marzo de 2015, así lo reveló una auditoría de la Oficina de la Contralora.
De acuerdo con el documento, que desglosa unos 13 hallazgos, detalla que enero de 2014 se adjudicó la mejora del sistema eléctrico del Estadio Ovidio de Jesús por 31,600, aunque una de las cotizaciones era falsa. Además, un funcionario municipal que respondía al entonces alcalde, solicitaba, recibía, evaluaba y recomendaba las cotizaciones sin estar autorizado a realizar dichas tareas. De septiembre de 2011 a julio de 2014 dicho funcionario había obtenido 15 cotizaciones (incluida la falsa antes mencionada) que derivaron en contratos por $256,000.
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Otro de los hallazgos que señalas desviaciones de ley y de reglamentación es el fraccionamiento en tres contratos de una obra de pavimentación cuyo costo total era de $204,501, para obviar el requisito de celebrar subasta pública; los préstamos por $6.9 millones realizados al Banco Gubernamental de Fomento para el pago de deudas a entidades gubernamentales y privadas; multa de $45,010 por incumplir con la Ley de Aguas Limpias y la adquisición de un edificio y unas butacas para la pista de atletismo por $915,464 que no han tenido ninguna utilidad.
El Informe indica, además, que no se cobraron patentes municipales a los contratistas que realizaron obras en el Municipio; el entonces alcalde autorizó en periodo eleccionario una transferencia de crédito para aumentar los gastos operacionales contrario a la Ley 81-1991; la Unidad de Auditoría Interna (UIA) no efectuó auditorías periódicas sobre el funcionamiento del Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado y el Municipio no mantenía un registro actualizado de sus bienes inmuebles.
Ante esto, se refiere el proceso judicial contra el exalcalde, Eduard Rivera Correa, por un cargo de soborno, intento de extorsión y dos por obstrucción de la justicia presentados por Fiscalía Federal.
El 10 de julio de 2014 el entonces Alcalde fue arrestado por un alegado esquema de soborno a un contratista. El 24 de octubre de 2014 el abogado del exalcalde informó al juez federal que su cliente había llegado a un acuerdo con el fiscal federal para admitir su culpa en un cargo de soborno y admitió haber obstruido la justicia al amenazar al contratista que le pagó sobornos.
El exalcalde se declaró culpable por haber recibido un total de $39,000, como parte de los pagos de sobornos. El 25 de febrero de 2015 fue sentenciado a 64 meses de cárcel y a una multa de $39,000”, detalla el documento.
Los otros dos comentarios señalan que al 30 de junio de 2015 estaban pendientes de resolución por los tribunales 26 demandas civiles contra el Municipio de Río Grande por $17.2 millones y que no se atendió la recomendación de recobro por $82,917 que se había indicado en el Informe de Auditoría M-14-37, de 2014.
