Columna de Armando Valdés: Verlo venir

La junta de control fiscal federal, cuya aprobación circula sobre los restos de nuestra democracia como una bandada de buitres, tiene sus progenitores aquí en Puerto Rico.

El PNP, que desde la derrota de la anexión en el plebiscito de 1993, se fijó una agenda revanchista basada no en las virtudes de su alternativa de estatus, sino en socavar los cimientos legales y políticos del ELA, es el principal responsable. A partir de ese año, y con la excepción de la comisaría residente de Aníbal Acevedo Vilá del 2001 al 2005, nuestro representante en Washington ha sido un anexionista.

Junto con poderosos y bien financiados grupos de acción política, han convencido al establishment en Washington que el ELA de 1952 era un ficción y realmente una colonia disfrazada.

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En este mismo ámbito, el PPD también carga con parte de la culpa. Sus esfuerzos en la capital federal fueron ineficaces y puramente reacciones a la gesta concertada del PNP.

El Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico de la Casa Blanca, creado durante la presidencia de Bill Clinton, y los subsiguientes informes de 2005, 2007 y 2011, reprodujeron y amplificaron la teoría del PNP con respecto al ELA. Así la Casa Blanca de Bush argumentaba que Puerto Rico podría cedérsele a un tercer país y que los poderes que actualmente ostenta el pueblo por medio de sus representantes electos podrían ser revocados por el Congreso. La opinión del procurador general de EE. UU., en el caso de doble exposición actualmente ante la consideración del Tribunal Supremo federal, comprometió a la administración del presidente Obama a una posición muy similar.

Futuros ocupantes de la Casa Blanca probablemente opinen de igual forma. Hillary Clinton, en el 2006, le dijo al entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá que, en teoría, el Congreso podría destituir al primer mandatario del ELA, aunque en la práctica dudaba que EE. UU. lo hiciera. De los candidatos republicanos, con sus visiones racistas y retrógradas, no tenemos ni que hablar.

Confieso que mi visión del ELA siempre había sido, en lo teórico, similar a la de Hillary. Presumía que en pleno siglo XXI, con las conquistas en derechos humanos y autodeterminación a nivel global y con la amplia aceptación de la corrección política como punto de vista predominante, EE. UU. nunca se atrevería a destituir a un gobernador puertorriqueño o a alterar la relación de una forma que representara un retroceso en nuestra condición política. En otras palabras, creía que, si bien el arreglo legal no era perfecto, el arreglo político impediría las consecuencias más tóxicas de esa imperfección jurídica.

Sobre este punto, me equivoqué. (En la época de Trump, aparenta valerse cualquier cosa, hasta expresiones abiertamente misóginas, racistas y xenofóbicas). Pero también se equivocaron aquellos que pensaban que derrotando al ELA adelantarían la anexión o alguna versión de la independencia. En todo caso, hemos perdido lo que teníamos  —y la anexión parece estar hoy más lejos— porque fueron exitosos convenciendo al Congreso de lo que carecía el ELA con teorías legalistas que obviaban las realidades y los acuerdos políticos que habían sido alcanzados.

Ahora, aun algunos estadistas y todo un coro de analistas y políticos de todas las tendencias ideológicas, reconocen que con la imposición de la junta perderíamos “lo que se avanzó en materia de gobierno propio con la creación del Estado Libre Asociado”, citando aquí a Benjamín Torres Gotay en una columna reciente. Hasta Jenniffer González súbitamente se dio cuenta de lo que representó la aprobación de nuestra Constitución y condenó “el que se despoje a la isla de un gobierno propio y que volvamos a los tiempos antes de la Carta Autonómica de 1897”.

En fin, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir.