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Estudiantes de la UPR-RP exigen buen uso de fondos públicos

A través de un comunicado de prensa, el Consejo General de Estudiantes expresó su oposición a la Junta de Control Fiscal.

El Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la universidad de Puerto Rico destacó que el borrador elaborado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es la implementación del Plan de Ajuste Fiscal desarrollado por el actual gobierno, a finales del pasado año.

“No queda duda que la aprobación de las ideas que se trabajan desde el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos establecerían un mecanismo unilateral y autoritario que laceraría a toda la sociedad puertorriqueña. Por esa razón, debemos oponernos tajantemente, y gestar el que todos los sectores de la sociedad civil se oponga a la Junta de Control Fiscal”, destacó a través de un comunicado de prensa Guillermo Guasp Pérez, presidente del Consejo General de Estudiantes.

“Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de las propuestas contenidas en esa legislación fueron propuestas por el gobierno actual con su Plan de Ajuste Fiscal y tendrán el efecto de lacerar los servicios que recibimos en el país”, añadió.

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A juicio del cuerpo estudiantil, el enfoque en pagar la deuda y la pobre gestión gubernamental es una actitud irresponsable con el país asumida por los partidos políticos. De igual forma, el grupo estudiantil criticó la poca acción por parte del gobierno actual para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

“Quienes promueven la Junta de Control Fiscal y propusieron el Plan de Ajuste Fiscal prefieren responsabilizar a las personas menores de 25 años diciéndoles que van a recibir un salario menor al mínimo federal, mientras quienes administran el país se niegan a hacer los cambios estructurales necesarios para hacer un buen uso de los fondos públicos. Ejemplo de esto son las propuestas de que la Universidad de Puerto Rico sea quien brinde los servicios de tutorías del Departamento de Educación o el que se cumpla con la Ley de Municipios Autónomos y sea la UPR quien brinde los servicios de consultoría. ¿Por qué pasa esto? Porque sus objetivos no es gobernar bien para el país, sino favorecer a sus amistades con contratos millonarios y pagarle a los bonistas que financian sus campañas” destacó por su parte la secretaria de finanzas, Perla del Mar Rodríguez Fernández.

En la misma dirección se expresó el representante estudiantil ante la Junta Universitaria por el Recinto de Río Piedras, Gilberto Domínguez Escalera, al vincular los efectos de la Junta de Control Fiscal sobre la UPR.

“La Universidad, como dependencia pública, inevitablemente sería una de las principales afectadas de concretarse el esfuerzo de la mayoría en el Congreso debido a que la Junta tendría la última palabra en cuanto al presupuesto del País y cuanto dinero recibe la Universidad”, puntualizó Domínguez Escalera.

El estudiante mencionó que el gobierno debería articular la salida del presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez, y el presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, “ante la sombra de favoritismo que se da en el manejo del presupuesto universitario”, djo.

“Sin esas acciones concretas, el discurso de oponerse a la Junta de Control Fiscal serían argumentos sin sustancia y sin compromisos reales de que se va a hacer buen uso de los fondos públicos”, puntualizó Domínguez Escalera.

El cuerpo estudiantil indicó que en los próximos días anunciarán la fecha de la segunda Asamblea General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, donde esperan discutir las implicaciones de la Junta de Control Fiscal sobre la UPR.

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