Falta mejorar resolución de querellas por hostigamiento en la Policía

La procuradora de las muejres, Wanda Vázquez, depuso ante el juez federal Gelpí como parte de las vistas públicas en torno a la Reforma de la Policía de Puerto Rico

Por Karixia Ortiz Serrano

En la tercera vista pública de la Reforma de la Policía de Puerto Rico en el Centro Judicial de Fajardo participarán varios funcionarios de las Ramas del Gobierno.

Entre los deponentes está la procuradora de las mujeres, Wanda Vázquez, donde expuso el proceso de cambios en la Policía con relación a los asuntos que tiene bajo su consideración, en especial las querellas por hostigamiento  sexual mal atendidas en la uniformada.

Aunque Vázquez reconoció hay un “gran avance” en la comunicación entre la Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), sí estableció como asunto pendiente “la resolución dentro de os términos de las querellas y el fortalecimiento de la adecuada notificación a las querellantes sobre los resultados de los procesos por parte del superintendente”.

Y es que desde septiembre de 2015 la OPM es parte del proceso de la Reforma de la Policía por el número considerable de denuncias que han hecho mujeres policías con relación a incidentes de hostigamiento sexual, cuyos casos no fueron atendidos como se ameritaba. Mientras la procuradora atendía los casos de las mujeres policía, contó con el respaldo del monitor federal, Arnaldo Claudio. Luego, Vázquez participó en la segunda vista pública celebrada el pasado octubre en el Tribunal Federal de Ponce.

En este primer día de la tercera vista pública en Fajardo también depondrán la jueza superior del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez; el secretario de Justicia, César Miranda; el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez; el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo y el presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Juan Hernández.

Esta jornada de vistas públicas presididas por el juez federal Gustavo Gelpí continuarán mañana, viernes.

La reforma en la uniformada fue confirmada el pasado 17 de julio de 2013 tras una demanda del Gobierno federal contra el Gobierno local por violaciones a los derechos humanos.

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