Acuerdo tras bastidores de administración AGP y AES

Centro de Periodismo Investigativo. Tercera entrega de la serie “Bomba de tiempo, las cenizas de carbón”

Por Omar Alfonso

Era un día de verano de 2015 y en la sede de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Santurce se abría la puerta del ascensor.

De ella salía Manuel Mata, presidente de la empresa privada AES Puerto Rico, compañía que desde el año 2002 vende a la corporación pública los 454 megavatios de electricidad que produce en la planta de combustión de carbón de Guayama. Todo a cambio de una factura anual que excede los $300
millones.

Sin llamar la atención y protegido del escrutinio público, Mata caminó hasta las oficinas ejecutivas y firmó un documento legal.

Era la enmienda al contrato entre la multinacional y la AEE: una cláusula que le prohibía a la empresa disponer de sus desechos de la quema de carbón en cualquier lugar del país.

Días después, el 17 de julio de 2015, se consumó el acto. Con la firma del entonces director interino de la Autoridad, Carlos Castro Montalvo, cambiaron las reglas del juego. Abrió las puertas para que se dispongan millones de toneladas de desperdicios tóxicos en vertederos de la isla y allanó el camino para que AES se economice millones de dólares, al no estar obligada a exportar sus cenizas de carbón como prometió a la AEE el 11 de octubre de 1994.

La enmienda aprobada no representa ningún beneficio tangible para los 1.4 millones de clientes a quienes factura la Autoridad. Tampoco para las miles de personas que a diario son expuestas a los efectos de las cenizas de carbón en la isla.

El sorpresivo arreglo rompe los acuerdos que AES hizo con la Junta de Planificación el 1 de mayo de 1996 y da al traste con los datos que la empresa certificó ese año en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Según consta en el Permiso de Ubicación que aprobó Norma Burgos Andújar, entonces presidenta de la Junta de Planificación, AES se comprometió a disponer de las cenizas fuera de Puerto Rico, “incluyendo la posibilidad de devolverlas” al lugar de origen del carbón, la República de Colombia.
AES también pactó en la DIA que no depositaría las cenizas ni sus derivados “como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico”.

En una demanda radicada por grupos ecologistas, el fenecido juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Jaime Fuster Berlingeri, falló a favor de la corporación y refrendó el 29 de junio de 1998 que “ni las cenizas ni sus derivados serían depositados como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico”. 

Todas estas garantías se volvieron letra muerta.
 
Contradicciones de la EPA

Solo entre los años 2014 y 2015, sobre 350 mil toneladas de cenizas de AES fueron descargadas ilegalmente en el vertedero de Humacao, así como otras siete mil toneladas en el vertedero de Peñuelas, admitió por escrito la Junta de Calidad Ambiental (JCA).  

Además, desde que AES inició la producción eléctrica hace más de una década, cantidades indeterminadas de este desperdicio han ido a parar a zonas residenciales y comerciales del país, exponiendo los suelos, cuerpos de agua y personas a contaminación con el material tóxico.  

Los hechos fueron reconocidos en entrevista telefónica por Judith Enck, administradora de la región 2 de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, en inglés).

“La preocupación general son los metales pesados. Aquí encontramos niveles elevados de arsénico, lo que nos colocó en una posición sólida para decir: ‘Detengan el desparrame de cenizas sobre todo Puerto Rico’”, expresó la funcionaria.

Sin embargo, ninguna de estas violaciones ha conllevado la revocación de permisos.

Por el contrario, a pesar de sus “preocupaciones”, fue Enck, la funcionaria de la EPA de más alto rango en el Caribe, quien recomendó mediante carta que se levantara la prohibición para que AES dispusiera sus cenizas en vertederos o depósitos certificados, en o fuera del país.

“Una opción adecuada de eliminación para el material debe estar disponible”, escribió el 14 de agosto de 2014 a la entonces presidenta de la JCA, Laura Vélez Vélez, y el pasado director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea Flores. 

En entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Enck alegó que su intención era detener el desparrame “sin control” de las cenizas de carbón en Puerto Rico y ubicarlas en lugares autorizados.

Como condición, determinó que los vertederos y depósitos que las reciban deben contar con revestimientos o liners sintéticos que reduzcan la posibilidad de que el suelo y cuerpos de agua cercanos se contaminen con metales pesados, en especial, con arsénico.

No obstante, Enck ni la EPA han dado instrucciones para que se brinde esta protección a los pozos que desde hace una década están bajo amenaza de contaminación con metales pesados debido a las millones de toneladas de cenizas que han sido comprimidas sobre superficies de todo el país.

“¿Pueden los residuos de las cenizas de carbón contaminar el Acuífero del Sur?”, le preguntó el CPI.
 “Es posible que exista contaminación”, admitió. “No estamos al tanto de daños ambientales en este momento, pero estoy muy interesada en la instalación de estos liners en la zona de AES. Pero tiene toda la razón. Ha habido problemas en todo el país (Estados Unidos) con el manejo de las cenizas de carbón, algunos problemas bastante importantes”, reconoció.

Asimismo, cuando se le preguntó por qué mejor no se obliga a AES a exportar su excedente de cenizas, como la misma empresa privada garantizó al Gobierno de Puerto Rico en la década de 1990, Enck apuntó a un problema jurisdiccional.

“La EPA no tiene autoridad legal para decir: ‘Tienes que embarcarlas fuera de la isla’. Nosotros sí tenemos la autoridad para decir que deben llevarse a un vertedero autorizado”, justificó. “Si el Gobierno de Puerto Rico quiere hacerlo (ordenar su exportación), puede hacerlo”, continuó.

Papa caliente

Pero el director ejecutivo de la AEE, Javier Quintana Méndez, declaró que fue por la recomendación escrita de Enck y el surgimiento de nuevos reglamentos ambientales federales —que le permiten a AES mantener en Puerto Rico su producción de cenizas— que la corporación pública enmendó el contrato.

“Por lo tanto, para nosotros esa cláusula ya no era necesaria. Por lo tanto, se enmienda para permitir que AES pueda disponer esas cenizas en los vertederos del país”, insistió.

No obstante, al ser confrontado con incidentes divulgados por los medios de comunicación en los que se evidencia que durante años la multinacional incumplió con la antigua cláusula del contrato, Quintana insistió en que para entonces él no estaba en el puesto. omar alfonso

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