Siguen en nómina AAA acusadas federales

Por Metro

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro aún no termina una investigación interna sobre la ex vicepresidenta de la corporación pública, Ivonne Falcón y la exdirectora de compras, Sonia Barreto, quienes fueron acusadas en el Tribunal Federal por corrupción en diciembre pasado. Así las cosas, ambas acusadas siguen cobrando sus salarios de gobierno, aunque están suspendidas de empleo desde que fueron arrestadas por los federales.

Lázaro, en entrevista radial (WKAQ), pareció excusar la lentitud de su corporación en este caso que viene denunciándose desde 2014 porque según dijo en la AAA no cuentan con las herramientas investigativas de entidades como el FBI. Así las cosas, Falcón y Barreto siguen siendo empleadas de la AAA y cobrando sus salarios del erario. Más aún, el presidente de la AAA —quien ha actuado a paso de tortuga en estos casos— anticipó que todo el proceso quedará en secreto, ya que los procesos contra las funcionarias están cobijados por la “confidencialidad” de los reglamentos de recursos humanos.

Desde octubre de 2014, NotiUno reveló la investigación de un detective privado que apuntaba a que las funcionarias cobraban a contratistas de la AAA para agilizarle los pagos. En aquel entonces, Falcón negó las imputaciones de forma vehemente y Lázaro dijo: “Las alegaciones que se hacen, de ser ciertas, son unas alegaciones muy serias y no las estamos tomando de manera liviana. Estamos iniciando una auditoría interna en cuanto a la poca información que tenemos, porque no se nos ha provisto una querella oficial ni un referido oficial ni documentación en ese sentido… Tenemos nuestras sospechas. Esta persona que destituimos como director regional antes de haber sido destituido le hizo una llamada amenazante a la señora Falcón diciéndole que si lo destituíamos, él iba a sacar lodo de ella”.

Sin embargo, la autoría interna culminó en febrero de 2015 con un referido a la Oficina de Ética Gubernamental (Oficina de Ética Gubernamental), pero sin señalamientos o referidos a autoridades de ley y orden. En ese momento Falcón renunció a su puesto de confianza, pero se mantuvo como empleada de carrera de la AAA sin mayores consecuencias. Lázaro alegó que la autoría era confidencial y no la compartió ni siquiera con la OEG.

Los federales fueron más ágiles y en noviembre de 2014 el FBI allanó las oficinas de la AAA. En diciembre de 2015, las funcionarias fueron arrestadas por los federales.

De acuerdo al pliego acusatorio, un contratista le pagó alrededor de $100,000 al empresario y recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez y a sus colaboradores, para que utilizaran sus influencias dentro de la AAA y le aseguraran el pago de una parte de $1 millón que le debía la corporación pública por servicios prestados. Hernández ya se declaró culpable.

Las aún empleadas de la AAA habían demandado por difamación a NotiUno y a la firma de investigadores privados cuyo informe se hizo público, antes de ser arrestadas por las autoridades federales.

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