La Junta de Contralores de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) determinó hoy archivar una comunicación anónima recibida el 4 de marzo de 2016, en la cual se describe alegadas violaciones a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico por el comité del aspirante a gobernador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Ricardo Rosselló.
En las pasadas semanas, la OCE recibió tres comunicaciones anónimas relacionadas con el financiamiento de las campañas políticas de los dos aspirantes primaristas a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
Las primeras dos comunicaciones anónimas procedían de investigaciones y reportajes de diversos medios de comunicación, del simple análisis de revisión de informes y de la corroboración de donativos que lleva a cabo la Oficina. “En ánimo de promover la transparencia y pulcritud en el proceso de financiamiento de campañas, solicitamos en ambos casos a la División de Auditoría de Donativos y Gastos que rindiera un informe sobre las alegaciones descritas en las comunicaciones”, detalló el contralor electoral, Manuel Torres Nieves.
En contraste con las comunicaciones anteriores, la última comunicación anónima, fue entregada en los medios de comunicación, tres días antes de presentarse la misma ante la OCE, lo que demuestra que el querellante anónimo le interesaba más el efecto publicitario que pudiera tener sobre el aspirante la “querella” que contribuir a la investigación objetiva de las alegaciones.
“Es necesario aclarar que la Oficina del Contralor Electoral no se puede convertir en un depósito de planteamientos anónimos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos por ley, que establecen que los mismos tienen que ser juramentados y le deben constar de propio y personal conocimiento al querellante. Por tal razón, a menos de 90 días del primer evento electoral del año, en lo sucesivo, si al recibirse otro documento similar, no se puede corroborar la procedencia, y veracidad de los hechos que alegan estos escritos anónimos, serán igualmente archivados” puntualizó Torres Nieves.
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El recurso que se radique en la OCE para solicitar una investigación deberá dotar sus alegaciones con el rigor que supone plantear hechos constitutivos de violaciones legales o reglamentarias ante un notario público.
El deber de la OCE es velar por la corrección y la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas. “Reconocemos que el escenario político tiene sus protagonistas, voluntarios y colaboradores. La OCE debe regularlos y monitorear sus ingresos y gastos, la OCE no pretende especular sobre las acciones de los aspirantes bajo su jurisdicción ni participar de aquellas controversias mediáticas propias de las contiendas políticas. Por tanto, determinamos que no vamos a permitir que la OCE se convierta en el foro para adelantar los intereses políticos de alguna campaña” detalló el funcionario.
“Reiteramos el interés de la Oficina de Contralor Electoral en promover la participación de todos los puertorriqueños en la fiscalización y la pureza del financiamiento de campañas, proveemos a los ciudadanos diversas alternativas para enviarnos la información que estime pertinente para colaborar en este proceso” concluyó.