El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker Ramos, dijo hoy que el proceso para la selección y otorgamiento de las becas presidenciales cumplió con todos los requisitos según lo establece la certificación 72 de la Junta de Síndicos (2006-2007).
Recalcó, además, que los candidatos, recomendados por los rectores, contaban con las cualificaciones necesarias para recibir las ayudas.
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La expresiones de Walker Ramos se dan luego de que el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Martinez Santiago, anunciara la presentación de una serie de referidos ante Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que se investigue el rol del presidente de la UPR en el otorgamiento de becas y otros privilegios a estudiantes de la institución.
“La otorgación de las becas presidenciales, establecidas en 1988, se realizó al amparo de la certificación vigente. Aquí no hay espacio para especulación. El proceso es transparente y son los rectores de las unidades quienes recomiendan los candidatos, quienes han de cumplir con todas las disposiciones y requisitos del programa”, reiteró Walker Ramos.
Dijo que como parte del proceso, se nombra un comité que tiene la encomienda de revisar y refrendar la información de los candidatos, proceso tras el cual le presentan sus recomendaciones al Presidente de la UPR.
“El Comité de Beca Presidencial lo componen los vicepresidentes de Investigación y Tecnología, Asuntos Académicos y Estudiantiles. También participan representantes de las oficinas de Presupuesto y Asuntos Legales. Ese grupo pasa juicio sobre los candidatos recomendados por los rectores, sus méritos y trayectoria académica para asegurarse de que son merecedores de la Beca. Los estudios se tienen que cursar en universidades del extranjero de prestigio probado”, explicó el presidente de la UPR.
Walker Ramos enfatizó en que el proceso se realizó de acuerdo a las normativas, tomando en cuenta los mejores intereses de la institución.
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“Rechazo los planteamientos que se han levantado acerca del proceso y escrutinio de estas becas. Me reitero en que esas becas se concedieron a personas dentro de nuestras instituciones que cuentan con las cualificaciones para recibirlas. Los rectores pueden dar testimonio de mi aseveración. Los candidatos recibieron el endoso de sus rectores y el comité evaluó sus expedientes de conformidad con la Certificación 72 Serie 206-2007 de la Junta de Síndicos. Fue un proceso transparente durante el cual se evaluó a todos los candidatos que solicitaron. Esa es la verdad”, puntualizó el presidente.
Mientras, Martínez Santiago afirmó que las becas se han dado sin seguir procesos de competencia, como lo requieren las leyes y reglamentos aplicables.
“Estamos consternados ante lo que a todas luces aparenta ser un escándalo de corrupción pública en la UPR sin precedentes. Aquí se habla de que el presidente de la institución utilizó su puesto para darle beneficios a algunos amigos del alma por el mero hecho de ser allegados a figuras del Partido Popular Democrático”, afirmó.
Agregó que “entendemos constituye una actuación ilegal del presidente Walker Ramos. Dicha actuación violentaría varias disposiciones legales, entre ellas, disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental. Por eso exigimos una investigación”.
Según se ha publicado en medios de comunicación, el presidente de la UPR habría recomendado la otorgación de becas y otros privilegios a estudiantes de dicha institución, sin seguir procesos de competencia, según esto es requerido por las leyes y reglamentos aplicables.
Para otorgar el beneficio habría sido asistido, en las materias procesales, por el rector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino.
“La información publicada indica que para poder calificar a las becas otorgadas, se tenía que abrir un proceso competitivo, pero ese proceso nunca habría ocurrido pues los beneficios otorgados fueron dirigidos por personas o funcionarios, quienes seguían instrucciones específicas para dirigir los recursos hacia los beneficiados”, señaló el senador.
De acuerdo con la información disponible, los jóvenes Carlos Pagán, quien fue asistente de Antonio García Padilla, y Arturo Ríos Escribano, que fue asesor del gobernador en temas de asuntos laborales hasta 2014, recibieron cuantiosas becas sin tener los requisitos para las mismas.
El monto de la beca otorgada a Pagán asciende a los 40 mil, aunque la solicitud inicial fue de 65,580.
Ninguno de los dos cualificaba paras estas ayudas, aseguró el político.
Los referidos, enviados en el día de hoy están dirigidos al secretario de Justicia, César Miranda, y la directora de Ética, Zulma Rosario.