El gobernador Alejandro García Padilla expresó hoy que no se arrepiente de su amistad con el empresario y exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Hernández, quien enfrenta cargos en el foro federal por un amplio esquema de corrupción pública.
Aunque el primer mandatario expresó que no tenía comunicación mucho tiempo antes de la acusación con Hernández, quien anunció mediante su abogado que se declarará culpable el próximo jueves, insistió que “no miento sobre mis amistades porque caen en desgracia, no, y no me arrepiento, sabes, porque en las buenas y en las malas. A mi así me lo enseñaron en mi casa”.
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Del mismo modo, García Padilla, reiteró que la directora de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, ha dicho en enumeradas ocasiones que ningún miembro de su familia es objeto de investigación.
“He dicho que estoy disponible ante cualquier foro para decir y argumentar sobre si he tenido algo que ver. La fiscal federal fue clara en que ni yo ni ningún miembro de mi familia es objeto de investigación […] Yo no tengo hecha, no tengo sospecha”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa en Las Marías.
Del mismo modo, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, aseguró que está tranquilo con la investigación en curso. “Yo no tengo ninguna preocupación sobre ese asunto. Me parece que esto es una investigación que todo los que tengan que aportar a ella aporten y que se entienda que nadie está por encima de la ley […] Es un proceso que se debe llevar a las ultimas consecuencias”, subrayó el presidente cameral.
Fue el pasado 3 de diciembre que los federales arrestaron al empresario y otras nueve personas por un esquema de inversionismo político en varias agencias de gobierno.
De acuerdo con la acusación, Hernández ganó mas de $2 millones a través de un esquema en el que el manipulaba los movimientos en distintas oficinas del Gobierno.
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Las agencias eran “controladas” por Hernández Pérez, quien creó corporaciones sin peritaje ni experiencia para dar servicios requeridos por contratos en agencias e, incluso, tenían que subcontratar.
Al respecto, un gran jurado emitió 25 cargos contra los implicados por una conspiraron que comenzó a finales de 2012 para obtener contratos y beneficios en varias agencias del gobierno.
