Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de veintitrés cargos contra Oscar Ferrer y Jonathan Rivera Padilla por conspiración para cometer fraude postal, fraude postal, y las transacciones monetarias de bienes derivados del esquema de fraude según anunció el miércoles, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.
El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (“USPIS”) y la Oficina Federal de Investigaciones (“FBI”) están a cargo de la investigación. La acusación fue revelada luego de la detención de Ferrer en la Florida y Rivera- Padilla en Puerto Rico.
Estos cargos son el resultado de un esquema Ponzi originario de la zona de Cabo Rojo y que implica el pago de aproximadamente 5.7 millones de dólares a las empresas gestionadas por Ferrer en Puerto Rico y Florida. Las corporaciones, incluyendo Reco Financial, Inc., National EIS Occidental, Inc., y CGB Financial, Inc., se utilizaron para recibir depósitos de inversión supuestos de las víctimas y para desembolsar los fondos a Ferrer y Rivera-Padilla para su propio uso personal.
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Ferrer y Padilla usaron sus conexiones y derivaciones en el área de Cabo Rojo para cumplir con los posibles inversores. Con el fin de obtener las supuestas inversiones, se hicieron declaraciones falsas que se les garantiza el capital y los intereses sobre la inversión. Los inversores se dirigieron luego a hacer su pago a una de las empresas gestionadas por Ferrer. Una vez depositados, los fondos no se han invertido. En cambio, fueron retiradas por Ferrer o transferidos a cuentas bancarias personales de Ferrer, Rivera Padilla, u otros.
Desde 2011 hasta la actualidad, aproximadamente 5.7 millones de dólares se invirtieron en este esquema y aproximadamente 1.6 millones de dólares fueron pagados a los inversionistas. El importe total anotado en este esquema fue de aproximadamente 4.1 millones de dólares.
Si es hallado culpable, Ferrer y Rivera Padilla se enfrentan a una pena máxima de veinte años de prisión por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal, y diez años de prisión para las transacciones monetarias en los bienes derivados de la actividad ilegal especificada.
El fiscal federal adjunto Seth Erbe está procesando el caso.
