Ejecutivo radica medida para evitar inversionismo político

Por Karixia Ortiz Serrano

El gobernador Alejandro García Padilla comunicó hoy que el pasado 17 de noviembre de 2015 sometió a la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley para que ningún funcionario público interfiera en la toma de decisiones de los funcionarios de las corporaciones públicas.

El Proyecto de la Cámara 2759 (P. de la C. 2759) busca añadir el artículo 4.9 a la Ley de Ética Gubernamental de 2011. Aunque el proyecto fue radicado el año pasado, fue hoy, en la inauguración del hotel Hyatt Place en el Distrito de Convenciones, cuando el gobernador mencionó enfáticamente su iniciativa.

“Ningún funcionario electo de la Rama Ejecutiva, Legislativa o de los municipios podrá, directa o indirectamente, intervenir indebidamente en el desempeño de las funciones o toma de decisiones de los funcionarios de las corporaciones públicas, incluyendo, pero sin limitarse a intervenir para influir en el resultado o decisiones sobre controversias o determinaciones de relaciones laborales, decisiones de recursos humanos tales como nombramientos o compensaciones, negociaciones de convenios colectivos y de contratación, excepto cuando se trate de una notificación o comunicación formal del funcionario como parte de sus gestiones y obligaciones oficiales cuando su intervención sea necesaria para proteger la vida, propiedad o la seguridad pública en casos de emergencia”, establece la significativa enmienda del proyecto del ley que consta de cinco páginas.

Igualmente, el P de la C 2759 busca enmendar el artículo 4.7 de la misma ley. Así el que incurra en  violaciones a las disposiciones estaría expuesto a una multa administrativa de hasta $20,000. Esto implica  “Declarar nulo cualquier contrato o nombramiento que haya sido otorgado en contravención a lo dispuesto en el inciso”, “ordenar la restitución”, “ordenar a la agencia concernida que efectúe un descuento de la nómina del servidor público infractor, hasta completar el pago de la multa impuesta” y “tomar en consideración la reincidencia para efectos de la imposición de la multa”.

El proyecto estaría en primer lugar bajo la consideración de la Cámara para luego pasar al Senado.

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