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Columna de Armando Valdés: Pan y vino

#PRVota. Durante todo el año electoral, este espacio estará abierto los viernes para opiniones de diferentes sectores políticos. Todos han sido invitados a participar.

Los dos casos procedentes de Puerto Rico que están ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos tienen el potencial de decidir el curso futuro de las principales agrupaciones políticas e ideológicas en nuestro país. Las decisiones que tome ese foro podrían terminar con el ELA según lo conocemos o podrían fortalecer sus cimientos y acabar con el ataque inmisericorde a sus fundamentos jurídicos que por más de dos décadas ha lidiado el Partido Nuevo Progresista. En fin, ha llegado definitivamente, aun antes de que se conozcan las posiciones de esos ocho americanos y una boricua, el momento de llamar las cosas por su nombre. Al pan, pan, y al vino, vino.

Comencemos con el PNP. Ese partido ha sido, en su agenda anti-ELA, sumamente eficaz y exitoso a partir de la época de Pedro Rosselló. Aun Carlos Romero Barceló, durante su gobernación, reconocía los logros del ELA y abogaba por el fortalecimiento de “los lazos de unión permanente”. Sin embargo, con la derrota de la anexión en el plebiscito de 1993, cambiaron de estrategia. En vez de vender las bondades de la estadidad, debían desmerecer al ELA y tenían que hacerlo en Washington más que en San Juan. Con una aparato de cabildeo bien financiado y con un mensaje sencillo y que apelaba a las sensibilidades norteamericanas, el PNP logró convencer a la intelectualidad en la capital federal que el ELA era un estatus indigno e ilegal.

Mientras tanto, el PPD dejó caer la antorcha del estadolibrismo. Localmente, perdimos el norte y nos dejamos convencer por la retórica de nuestros opositores. En Washington, la complacencia del partido se combinó con un dominio casi absoluto del PNP sobre la comisaría residente, la que, desde 1993, hemos podido ganar en solo una ocasión. El resultado es conocido. Desde la presidencia de Clinton hasta la de Obama, la Casa Blanca y múltiples miembros del Congreso han adoptado la visión anexionista del ELA. Incluso el actual mandatario estadounidense, cuyos logros a nivel internacional y en el contexto de la historia americana son admirables, ha sido el más acérrimo enemigo del ELA.

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Ahora estamos ante un momento decisivo. Los casos insulares se resolvieron antes de que existiera el ELA. Con los casos presentes, el Tribunal Supremo, por primera vez desde la creación del ELA, entrará de lleno a dirimir la naturaleza de nuestra relación con EE. UU. Hasta ahora, el PNP y el PIP solo podían apuntar a las expresiones de algunos congresistas y de la Casa Blanca, las que sin duda tenían algún peso en el imaginario popular y en la discusión pública, pero no ostentaban poder de ley.

Por ende, el desenlace de estos casos podría poner fin al debate sobre lo que sucedió en 1952. Ello obligaría a todo el liderato político a hablar a calzón quitao. Si el Congreso creó algo nuevo y duradero al pactar con nosotros el ELA, el estatus actual sería fortalecido, y resultaría obvio que en pleno siglo XXI el Legislativo americano podría nuevamente actuar, en concierto con el liderato político de Puerto Rico, para perfeccionar esa fórmula. El PNP se vería obligado a admitir eso como cierto y a abogar por la estadidad basándose en sus méritos y no demeritando al ELA.

Si, por el contrario, el Tribunal decidiera que el ELA no representó un cambio real y vinculante en el estatus de Puerto Rico, el PPD se vería obligado a replantear su camino ideológico. EE. UU., por otra parte, tendría que ir al confesionario de las Naciones Unidas a pedir perdón y a demostrar que tiene propósito de enmienda al plantear cómo resolvería el problema abiertamente colonial de la isla.

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