Opinión: La dura tarea de acceder a la información
Uno de los trabajos más duros que tiene actualmente la prensa a nivel mundial es acceder a la información. Ni piense usted que por tener la identificación legítima que lee “PRENSA” los gobiernos y las instituciones privadas corren a proporcionar todo lo que se les pide. ¡Claro! Tienen sus excepciones: cuando el trabajo periodístico les conviene o es peticionado.
Debido a los múltiples escollos que padece la prensa para poder acceder a la información, se han fundado diversas organizaciones que se dedican a recordarles a los gobiernos y a las instituciones privadas que es mejor trabajar con “transparencia”. Esa palabrita está muy de moda y no hay un solo político que no guste de utilizarla en su esfuerzo por convencer. El término transparencia significa “mostrar”, y si es utilizado en el contexto político, deberíamos atarlo a la accesibilidad a toda la información pública. Precisamente para exigir esa transparencia, una de las instituciones con mayor éxito en fomentar el objetivo es la corporación sin fines de lucro Transparencia Internacional. El éxito de esa organización radica en que ha podido establecer en al menos 70 países las herramientas y coaliciones para combatir y prevenir la corrupción. Las diversas investigaciones que ha realizado la institución prueban que la corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y económico de las sociedades. Parte de esa evidencia ha sido recopilada luego de rigurosas investigaciones periodísticas que contienen datos y testimonios verídicos. La autenticidad de los hallazgos ha logrado que instituciones financieras, como el Banco Mundial, reconozcan que la corrupción observada en diversas estructuras gubernamentales en el mundo empobrecen y desmejoran la calidad de vida de los ciudadanos. La sugerencia de Transparencia Internacional es que los países adopten nuevas herramientas para evitar la corrupción y el soborno.
Me cuenta una de las defensoras de esa transparencia y quien ocupa un puesto de envergadura en una de esas organizaciones que vela por la transparencia, que Afganistán ha probado tener mejor percepción de lo que es el derecho a la información que muchos países de esta parte del hemisferio.
Esa situación es preocupante si pensamos en la vanagloria de democracia que exponen muchos gobiernos cuando realmente son portadores de la mentira. La disparidad para poder acceder a la información es alarmante a pesar de que se ha legislado y que muchos países han aceptado entrar en alianzas para evitar violar el derecho que tiene todo ciudadano a estar mejor informado. Si ante la petición de acceder se les niega la información, el gobierno podría estar ocasionando un daño real. Las dependencias conocen los reglamentos y las leyes que les cobijan a los ciudadanos. Es más, saben que hay una orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla exigiendo la famosa “transparencia” basada en acceder a la información. Entonces, ¿por qué se insiste en negar los documentos que la prensa solicita? Algunas personas en el difícil camino de pedir documentos aducen que, por ejemplo, los contratos son confidenciales o que incluyen cláusulas de privacidad. Pero ¿en un documento público? ¿Qué alternativas le quedan al ciudadano o a la prensa para poder acceder a la información? Sin lugar a dudas, un enfrentamiento judicial. Por ello históricamente y varias veces al año las organizaciones periodísticas en la isla, así como empresas de medios de comunicación, llegan hasta los tribunales para exigir la entrega de información. En el pasado verano, la periodista televisiva Ivette Sosa peticionó los informes financieros de los pasados cinco años del juez Manuel Acevedo Hernández, de Aguadilla, acusado de aceptar sobornos. Estos informes que deberían estar disponibles para el público solo pueden ser revisados por las personas que prueban legítimo interés, como, por ejemplo, que la solicitud esté relacionada con la posible violación del juez o la jueza de los cánones de ética judicial. La petición para examinar los informes financieros fue objetada por el juez Acevedo, pero la periodista pudo probar el legítimo interés y su derecho constitucional a la información pública tal como le asiste a cualquier ciudadano para fiscalizar la gestión pública.
Sepa usted que esa gestión realizada por la periodista no es un caso aislado. Usted como ciudadano tienen que saber que le asiste todo el derecho a revisar cualquier documento público.