Opinión: Para decirle adiós a un país violento

Por Julio Rivera Saniel @riverasaniel

Ha vuelto a suceder. Un caso de alto perfil y con importantes dosis de tragedia ha vuelto a poner sobre el mapa la discusión sobre las estrategias del Gobierno para combatir el crimen y las maneras de castigar a los responsables. Hablo, como es lógico, de la llamada masacre de Guaynabo, en la que cuatro integrantes de una misma familia resultaron muertos. Los responsables, como parece ser la norma en nuestro país, vuelven a ser jóvenes. Y, como en otros momentos de nuestra historia, ante el grado de insensibilidad detrás de esta historia, resurge el fantasma de la pena de muerte como la panacea, como antídoto infalible ante la ola criminal. “Pongan la pena de muerte para que vean cómo se acaba el relajo”, han sentenciado algunos. Quizá usted.  Y hasta se entiende. ¿Quién no se ha estremecido ante el caso en cuestión? El asunto, sin embargo, es más complicado que eso, y la pena capital, como han probado las cifras provistas por organizaciones como Amnistía Internacional, no ha podido frenar el crimen en las jurisdicciones en donde se ha implementado.

Entonces, “¿qué hacemos?”, se preguntará usted. Sugiero que, para comenzar, tratemos de entender el comlpejo problema del crimen y, para variar, no nos quedemos en la superficie de la búsqueda de las soluciones.

Por aquello de profundizar, sugiero que eche un vistazo a la información que en estos días ha hecho pública el nuevo Instituto del Desarrollo de la Juventud (www.juventudpr.org ). La organización ha divulgado preocupantes datos en su informe sobre el índice de bienestar de la niñez y la juventud en Puerto Rico, una herramienta similar a la que ya existe en Estados Unidos y la mayor parte de los países desarrollados y que permite medir el estado de situación de los menores en las naciones del mundo. En nuestro caso, tenemos mucho por lo que preocuparnos. Al comparar nuestro índice con el de las jurisdicciones de EE. UU., descubrimos que Puerto Rico se cuelga con una “D” al medir el perfil socioeconómico de los más pequeños.

Para continuar, nos topamos con el hecho de que más de la mitad de los adolescentes entre 15 y 19 años en la isla viven bajo los niveles de pobreza. Y aquí es que debemos detenernos un minuto. Si algo saben “los que saben” sobre el tema, la violencia y los inicios en el mundo criminal están directamente relacionados con la pobreza. Entonces, ¿debe sorprendernos que tantos jóvenes en Puerto Rico ingresen al mundo cirminal cuando el 57 % de esos jóvenes viven en pobreza? La respuesta, mis amigos, es un rotundo no. Añada a la ecuación del desastre otros datos. Hasta el año 2011, 72 de cada 100 mil jóvenes entre 15 y 19 años murieron en Puerto Rico de forma violenta, una cifra que cuando menos duplica los números de Estados Unidos. En el 2012, Ceiba, Canóvanas, Loíza, Guayanilla y Quebradillas (todos municipios con altos niveles de pobreza) fueron los ayuntamientos que encabezaron la tasa de muertes violentas de adolescentes en la isla. Y si a todo este potaje sumamos el dato de que el 51 % de nuestros niños y jóvenes viven en familias compuestas por un solo padre o madre, tendrá usted su respuesta. Es sencillo. No se complique. No sude fantaseando con el regreso de la mano dura o el golpe al punto. Solo tendremos un país menos violento si alcanzamos a construir un país más justo, en el que nuestros menores y sus familias no vivan bajo el umbral de la pobreza.

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