CABE denuncia “masacre de derechos humanos en la Cámara”
El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) denunció una nueva alianza entre legisladores y grupos fundamentalistas para eliminar del nuevo Código Penal el lenguaje que tipificaba como delito menos grave el discrimen por orientación sexual e identidad de género.
“Representantes de ambos partidos se aliaron a grupos fundamentalistas para eliminar ese lenguaje del Artículo 180. Esta es una acción que desprecia totalmente la humanidad y derechos de las comunidades LGBTT”, afirmó CABE en comunicado de prensa.
“No podemos plantear un desarrollo pleno y de justicia social para Puerto Rico cuando excluimos de protecciones legales a las comunidades LGBTT y en donde legisladores de ambos partidos carecen del valor necesario para hacer lo correcto y resistir las presiones fundamentalistas”, sostuvo Luis Conti, integrante del Comité.
Entre las enmiendas al Código Penal se encontraba añadir “Orientación sexual e identidad de género” en el Artículo 180 de discriminaciones ilegales, el cual tipifica como delito menos grave esta acción y que actualmente, además, cobija a toda persona por razón de ideología política, creencia religiosa, raza, color de piel, sexo, género, condición social, origen nacional o étnico, o cualquier persona sin hogar al momento de realizar actos como acceso a servicios y tratamiento, trasportación, venta, traspaso o arrendamiento de propiedades públicas, acceso a préstamos para construcción de viviendas entre otras.
Según CABE, la enmienda propuesta salvaguardaría los derechos de las personas LGBTT “que como cualquier otro ciudadano forma parte del quehacer diario de Puerto Rico”. “El estado actual de derecho, y pese a la Ley 22 del 2013, no vislumbra como un acto discriminatorio el negar servicios por orientación sexual e identidad de género”, expresó Gabriel Laborde, uno de los portavoces de CABE.
Por su parte, Osvaldo Burgos, también portavoz del comité, denunció que líderes del Partido Popular Democrático cedieron a “reclamos sin fundamento” de grupos fundamentalistas. “La Cámara forzó las enmiendas por presiones de representantes populares y penepés que son conocidos por sus posturas fundamentalistas y que buscan imponer su credo religioso por encima de la equidad”, afirmó Burgos. Entre los legisladores que supuestamente se aliaron con los fundamentalistas, Burgos mencionó a los populares Nardeen Jaime, Brenda López de Arrarás, Roberto Rivera Ruiz de Porras, José “Pito” Torres y “Tony” Rodríguez Quiles y a los novoprogresistas Quiquito Meléndez y María Milagros Charbonier.
CABE advirtió que “el grado de intolerancia es tal, que en una visita a la oficina del representante Rivera Ruiz de Porras, su asesora legal comentó que ‘hay que proteger a los religiosos’, en referencia a un supuesto acuerdo que existe en el que luego de la aprobación del PS 238 no se volverían a tocar derechos para las comunidades LGBTT”.