Opinión: Privatización, no. Competencia, sí.

Por Armando Valdés @armandovaldes

Para atender los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica no hay soluciones mágicas. No por ello podemos permitir la continuación del status quo.

La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica no ha sido planteada por el máximo liderato del actual gobierno, ni en el ejecutivo ni en el legislativo. Sin embargo, el término se ha bandeado públicamente como un cuco para intentar detener cualquier propuesta que se dirija a un cambio profundo en la forma en que opera la Autoridad.

Lo que hace falta para bajar los costos de la electricidad en Puerto Rico no es que se privatice la Autoridad, sino que se inserte la competencia en el mercado de energía. El Presidente del Senado, Eduardo Bhatia, ha presentado una decena de proyectos legislativos que promoverían esa meta.

Quienes se oponen a que operadores privados puedan entrar en el mercado de forma más agresiva apuntan a varias razones por las cuales no resultaría efectivo. Indican, por ejemplo, que un privado tendría interés en devengar una ganancia, lo cual encarecería el costo de la generación. Aún así, a estos críticos se les hace difícil contestar cómo dos compañías privadas, AES y Ecoeléctrica, ya logran obtener una ganancia mientras generan energía a un promedio de entre 8 y 11 centavos por kWh – la misma electricidad que cuando llega a nuestros hogares la pagamos por encima de los 20 centavos.

Igualmente, señalan que la inversión requerida para entrar al mercado ahuyentaría a cualquier privado. De ser cierto este planteamiento, haría académico cualquier discusión sobre la posibilidad de que entren a Puerto Rico competidores a la Autoridad. En cuyo caso, ¿por qué tanta oposición?

La razón es sencilla. La Autoridad tiene una cultura institucional que se resiste al cambio. De ahí que el 18 de octubre, en mi columna semanal en este rotativo, expresara que el cambio tiene que venir de afuera, entiéndase, del liderato político del país.

El monopolio de la Autoridad sobre el mercado de energía eléctrica tiene que terminar. Como cualquier otra empresa, en la medida en que vea que sus clientes tienen alternativas y no están limitados a escoger entre el servicio de la Autoridad o no tener luz, se verá obligada a ser más eficiente, a reducir costos y eventualmente a pasarle esos ahorros al pueblo.

No permitir que las fuerzas del mercado operen de forma natural y que tengan ese efecto positivo sobre la manera en que se administra la Autoridad, es condenarla a la obsolescencia y a que eventualmente otros gobierno se vean obligados a tomar medidas mucho más drásticas. En fin, la competencia no sólo lograría salvar la economía de los estragos que causa el alto costo de la electricidad, sino que a su vez salvaría a la Autoridad de sí misma.
 

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