WASHINGTON (AP) — La asociación de alcaldes estadounidenses expresó el jueves sus reservas sobre la acción ejecutiva de Donald Trump que privó de fondos federales a las jurisdicciones que no cooperen con las autoridades migratorias.
Tom Cochran, presidente de la asociación que agrupa a los alcaldes de 1.408 ciudades, y Thomas Manger, titular de los comandantes policiales de las principales ciudades de la nación, alegaron que la Corte Suprema calificó de inconstitucional negar fondos federales para obligar a las jurisdicciones a acatar políticas federales.
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Los gobiernos locales “que buscan construir relaciones de confianza con sus comunidades inmigrantes no deberían ser castigados porque este factor es esencial para reducir el crimen y ayudar a las víctimas”, dijeron en un comunicado conjunto.
Ambos agregaron que según cortes federales las solicitudes de detención emitidas por la policía migratoria no ofrecen justificación legal suficiente para que las policías locales arresten a alguien.
Los funcionarios solicitaron que el procurador de Justicia y el secretario de Seguridad Nacional se reúnan a la brevedad con alcaldes y comandantes policiales para “concebir una estrategia migratoria que no interfiera con la relación policía-comunidad o cree responsabilidades inapropiadas sobre agentes policiales y que respete las leyes migratorias nacionales”.
El Senado estadounidense prevé someter a votación la semana próxima la postulación del senador republicano Jeff Sessions como procurador general del gobierno de Trump. Ya John Kelly asumió su cargo como secretario de Seguridad Nacional.
La orden ejecutiva sobre las llamadas “ciudades santuario” es una de varias medidas con las que Trump busca darle un brusco cambio a la política migratoria tras los infructuosos esfuerzos del Congreso por aprobar una reforma legislativa que defina el destino de 11 millones de inmigrantes sin autorización.
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Al participar el jueves en una reunión que los legisladores republicanos celebraron en Filadelfia, Trump dijo que “finalmente combate las ciudades santuario. Es hora de restaurar los derechos civiles de los estadounidenses para proteger sus empleos, sus esperanzas y planes para un futuro mejor”.
La Federation for American Immigration Reform (FAIR), una organización que busca restringir la inmigración a Estados Unidos, aplaudió la decisión de restringir fondos federales a las ciudades santuario por considerar que permitirá a las autoridades proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a “extranjeros criminales en condición de ser deportados”.
FAIR identificó en un análisis a 300 ciudades santuario en todo el país.
