A 43 años de la traición de Pinochet, las heridas siguen abiertas

Si en la historia es recurrente que se establezca un antes y un después en un país a partir de un acontecimiento relevante, el día del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, el 11 de septiembre de 1973, marcó una notoria bifurcación en la sociedad chilena.

Hoy, cuando se cumplen 43 años desde que el general de ejército Augusto Pinochet traicionara al presidente Allende y encabezara un golpe junto a la Marina, la Fuerza Aérea y la policía militarizada para derrocarlo por la fuerza de las armas, el modelo económico y político implantado por sus seguidores y correligionarios de ultraderecha es abiertamente cuestionado en el país que, sin embargo, continúa regido por la Constitución creada por el dictador en 1980.

Y aunque crece el clamor por conocer la verdad de los tiempos de dictadura y, especialmente, el destino de miles de desaparecidos que jamás han sido sepultados, cicatrizar las heridas parece una utopía en una sociedad en la que la diferencia entre las clases sociales y económicas abrió una brecha que parece insoslayable.

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Allende, el primer marxista del mundo que conquistó la presidencia de un país en elecciones libres y democráticas, luchó durante tres años contra la desigualdad y la pobreza del país, con la nacionalización del cobre (1971) como estandarte.

Sin embargo, la clase económica se opuso tenazmente a su modelo socialista y, con la ayuda de Estados Unidos, acabó asfixiando al pueblo trabajador con un acabado plan de desabastecimiento y abandono de empresas estratégicas.

Así, el descontento entre la clase media y, sobre todo, en la alta, acabó por empujar un golpe de estado que los analistas pensaron sería de corto plazo, pero que la ambición de un Pinochet desconocido para todos acabó por convertir en la peor tiranía que ha sufrido el país a lo largo de su historia.

El saldo del alzamiento fue en los meses siguientes miles de asesinados y desaparecidos, violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, así como otros tantos miles de exiliados por voluntad propia o con prohibición de retornar al país.

La adopción de un sistema de economía neoliberal a ultranza provocó un desarrollo en términos macroeconómicos, pero el hecho de ser el país con el mayor ingreso per cápita de Sudamérica (muy cerca de 20 mil dólares anuales) y que desde 1990 se redujo la pobreza de un 40% a un 14%, no se tradujo en bienestar para todos, y la profunda desigualdad entre ricos y pobres persiste y se agudiza.

El sociólogo Alberto Mayol dice que hoy “nos enfrentamos a un país que resolvió que hay que cambiar todo lo heredado de la dictadura. Estamos en el final de un ciclo político que nace en 1973, continúa en la transición y que hoy objetivamente se está acabando”.

Por eso se ha producido una agudización de las protestas contra el modelo económico, especialmente en lo referente a los Sistemas de Retiro (Administradoras de Fondos de Pensiones), y la adopción paulatina de la gratuidad en la educación superior.

La revisión de los principales crímenes de los militares ha reabierto la desazón en una sociedad que aún está muy lejos de reconciliarse, mientras la Justicia mantiene abiertas unas 1,300 causas por crímenes cometidos en los 17 años de dictadura, con unos 800 agentes civiles y militares procesados o condenados.

Es que todos coinciden en que cuando ese 11 de septiembre las fuerzas golpistas bombardearon por aire y tierra el palacio presidencial de La Moneda, un surco de sangre y dolor recorrió Chile de arriba abajo. Y esas heridas parecen lejos de cicatrizar.