Un juez del Tribunal Supremo español acusó el viernes a 13 políticos secesionistas catalanes, incluyendo el expresidente prófugo Carles Puigdemont, de rebelión por su intento de declarar la independencia de la región del noreste de España el pasado octubre.

Las acusaciones de Pablo Llarena culminan una investigación de cuatro meses. De acuerdo con las leyes españolas, los cargos de rebelión pueden acarrear penas de prisión de hasta 30 años.

Entre los acusados de rebelión estaban el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y la líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Marta Rovira, que antes el viernes anunció su salida del país.

Rovira, no atendió a una citación judicial para comparecer ante el tribunal y, en una carta a sus seguidores, explicó que optó por el “camino al exilio”.

La política, que jugó un papel importante en los acontecimientos del pasado otoño que incluyeron la celebración de un referéndum que había sido declarado ilegal por el gobierno central de Madrid y una fallida declaración de independencia en la cámara regional, no aclaró si ya había salido del país o cuál sería su destino. Otros seis exlíderes de la región, entre ellos Puigdemont, huyeron hace meses a Bruselas.

“Hoy tomo un camino difícil, un camino que, desafortunadamente, muchos otros que nos precedieron han tenido que tomar. El camino al exilio”, escribió en la carta publicada en el cibersitio de ERC.

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