Consejo urge un nuevo modelo de salud para P. R.

Situación. La falta de gobernanza y el reconocimiento del derecho a la salud son dos de los escollos que enfrentan los que buscan ofrecer y recibir servicios

Por Sarah Vázquez

El Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico advirtió que es hora de repensar el sistema para dirigirlo hacia uno más equitativo y sostenible.
Fue durante la presentación del primer informe del consejo que varios galenos coincidieron en que el sistema, tal y como está, no beneficia a “casi nadie”.  “Hay un sentido de urgencia. Si hay algo en lo que hay consenso, es que el sistema como está ahora no es aceptable para casi nadie”, sentenció Noel Aymat, rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

En el informe titulado “Basta ya de parchos en el sistema de salud”, el consejo señala que hay que implantar una gobernanza democrática y es necesario examinar el derecho a la salud con los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.  “No es aceptable seguir viendo la gente pidiendo dinero en la calle para poderles dar vida a un hijo a una hija. No es aceptable que haya un plan médico que niegue unos tratamientos a una persona y la ponga a elegir si vive o muere”, sentenció Marinilda Rivera, del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.

Uno de los problemas de gobernanza que se ejemplifica en el documento es que el Reglamento Núm. 91 de la Oficina del Comisionado de Seguros no les permite a los médicos participar adecuadamente en los procesos de negociación contractual sobre tarifas con las compañías de seguros de salud, a pesar de que la Ley 203-2008 así lo autoriza. “Dicho reglamento impone condiciones que hacen inoperante la posibilidad de la negociación contractual. En la medida en que tres sectores diversos del sistema de salud —médicos, dentistas y hospitales— se sienten excluidos de un proceso tan vital como la financiación, se hace evidente que existe un problema de gobernanza en cuanto a la participación de estos sectores en la toma de decisiones”, reza el informe.

Además, una de las recomendaciones generales del informe aboga por la creación de un monitor que garantice el cumplimiento estricto de las cláusulas contractuales que regulan la administración de los servicios de salud en Puerto Rico. Esto al señalar que la falta de un mecanismo eficaz para rendir cuentas es en parte responsable por la situación de los servicios de salud mental, que se develó por medio de una investigación del Senado. En esta se estableció que había limitación de acceso a hospitalizaciones regulares y parciales, y a servicios de emergencia, cláusulas contractuales perdidosas para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y (3) falta de cumplimiento con las métricas de calidad de cuidado y con las expectativas del contrato.

Ante esto, el consejo recomendó necesario comisionar un estudio actuarial para evaluar la viabilidad económica de un sistema universal con el modelo de financiamiento más adecuado, sin excluir el sistema de pagador único y rechazar recomendaciones cuya implantación sean irreversibles. “Para garantizar el derecho humano a la salud, hay que pensar en un modelo diferente al actual, tanto en la provisión de servicios como en su estructura de financiamiento”, expresó Víctor Ramos, del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

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