Desde el toque de queda y el cierre de establecimientos por la COVID-19, en marzo del 2020, la organización Casa Protegida Julia de Burgos recibió a 397 personas entre sobrevivientes de violencia doméstica y menores y, de ese grupo, 40 mujeres fueron víctimas de violencia sexual conyugal.
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En el Mes contra la Violencia Sexual, la institución visibiliza esta última cifra en el contexto del actual estado de emergencia por violencia de género en el país y ante el confinamiento de muchas mujeres con sus agresores en esta crisis sanitaria.
La directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos, Coraly León Morales, mencionó que el ser víctima de violencia sexual conyugal añade otra capa al proceso traumático de la violencia doméstica. Informó que, por lo general, las mujeres verbalizan sus agresiones sexuales en grupos con otras sobrevivientes o como parte de las evaluaciones médicas y del equipo psicosocial.
“Se trabaja con la orientación legal, y ellas deciden. Se mantiene el trabajo a nivel terapéutico, pero hay mucho temor y barreras que hacen que las sobrevivientes decidan que no quieren un proceso legal por lo que implica. También, hemos tenido la experiencia de embarazos no deseados que pueden ser producto de la violencia sexual, y les damos la orientación por si quieren continuar o coordinar una terminación”, indicó León Morales en comunicado de prensa.
“Como nuestro espacio es de seguridad y paz, nos da la oportunidad de entrar en un área tan sensible y que mucha gente no se atreve hablar”, agregó, por su parte, la presidenta de la Junta Directiva de Casa Protegida Julia de Burgos, la licenciada Olga López Báez, sobre la violencia sexual conyugal que sufren algunas de las participantes de los servicios y de los programas como albergue, vivienda transitoria y vivienda permanente.
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Por otro lado, León Morales resaltó que las estadísticas del 2020 reflejaron también que el 50 por ciento de las participantes del Programa de Mujeres Residentes (albergue) tiene una condición de salud mental, lo que ha llevado a que la organización añadiera la prestación de servicios siquiátricos para atender las necesidades identificadas y garantizar que estos servicios son sensibles, accesibles y centrados en trauma.
Estos servicios de albergue, consejería, psicológicos, siquiátricos, trabajo social, manejo de casos, legales y otros se han mantenido sin interrupciones desde el pasado año, en el que ocurrieron los terremotos y la pandemia. Tampoco se han visto paralizados los servicios de educativos y de prevención, que han impactado a más de 20,000 personas.
León Morales señaló que el personal enfrentó desafíos al desarrollar protocolos para garantizar los servicios del albergue, además incurrir en gastos extras para el equipo de protección, materiales de desinfección, identificación de áreas de aislamiento preventivo, tecnología para el trabajo remoto y para agilizar el servicio de Internet para las niñas y niños de las participantes que toman sus clases y tutorías en el albergue.
“Cuando empezó el toque de queda, dejamos de recibir llamadas, y eso nos puso en una posición de movernos para dejar saber que el país estaba paralizado, pero los servicios para las sobrevivientes, no. Tuvimos también que movernos a la virtualidad para la prevención y educación en un contexto en que hay un estado de emergencia porque han aumentado los casos de violencia doméstica y feminicidios. Requirió un esfuerzo colectivo modificar y ajustarnos a esta nueva realidad”, puntualizó la directora ejecutiva del primer albergue para sobrevivientes de violencia doméstica, en Puerto Rico, que se estableció en el 1979.
López Báez subrayó que, aún en las circunstancias en que las mujeres estaban las 24 horas con sus agresores, extendieron las ayudas de la organización que se complementaron con el trabajo de la Rama Judicial, que hizo ajustes para que las sobrevivientes solicitaran una orden de protección en línea, entre otros procesos.
La abogada recalcó que, de las tres ramas de gobierno, la Rama Judicial fue la mejor que respondió para proteger a las víctimas/sobrevivientes de violencia en la relación de pareja durante la pandemia.
Casa Protegida Julia de Burgos cuenta con dos centros de servicios ambulatorios en Ponce y Aguadilla. También, tiene una línea de orientación legal (939-301-0525) de martes a jueves, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., gracias a la subvención de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc. Para orientación sobre los servicios y programas, llame al (787) 723-3500 y (787) 548-5290.
