Pasaporte con visa. Tarjeta de embarque. Certificado de vacunación. Equipaje de mano sin líquidos superiores a 100 mililitros. Taxi avisado para ir al aeropuerto.
Son muchos los preparativos que tenemos que hacer antes de iniciar un viaje. Y más aún si no se trata de unas vacaciones, sino que pretendemos establecernos en otro país de manera más o menos estable.
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Pero a estos nervios habituales y trámites previos, las personas con VIH deben sumar otras preocupaciones.
Puede ser simplemente por el temor a que sus medicamentos antirretrovirales en la maleta levanten sospechas en la aduana y tengan que dar explicaciones incómodas.
O, en los peores casos, porque están viajando a países que aún imponen restricciones a la entrada o permanencia de extranjeros que viven con el virus que causa el sida.
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En 2011, los estados miembros de Naciones Unidas acordaron eliminar todas las barreras basadas en el estado serológico de los viajeros.
Sin embargo, aún hay 35 países en el mundo donde existen limitaciones, más o menos severas, basadas en el supuesto riesgo para la salud pública de la población local que supondría el recibir a personas con el virus.
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Con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida que se celebra cada 1 de diciembre, BBC Mundo hace un repaso de los países que imponen los mayores obstáculos a la libre circulación de viajeros con VIH.
Los más restrictivos
Según el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), son cinco los territorios que mantienen las restricciones más severas en el mundo: Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Omán, Sudán y Brunéi.
En estos casos, sus autoridades prohíben la entrada de cualquier persona extranjera que tenga VIH y requieren un examen médico o declaración para optar a cualquier tipo de visa (incluida la de turista para los visitantes que la necesitan, en función de su país de origen).
Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, permite la libre permanencia de uno a tres meses a los viajeros con pasaporte de alguno de los 45 países a quienes considera exentos de requerimientos de visa.
A los ciudadanos del resto de países, sin embargo, les exige que estén “medicamente sanos” como criterio para otorgar un permiso de entrada. Tener VIH supone no recibir ese certificado de aptitud médica.
Las restricciones son aún mayores para quienes quieran optar por un permiso de residencia o trabajo en estos cinco países, a quienes se les obliga a someterse a una prueba específica de VIH independientemente de su lugar de origen.
Si el resultado es positivo, estas personas se enfrentan a una más que probable deportación.
Leyes “arbitrarias”
ONUSIDA denuncia además que en ocasiones estas normas se aplican de manera “variable y arbitraria”.
“Hay ejemplos de países que otorgan exenciones analizando caso por caso, por ejemplo para promover la reunificación familiar, permitir el acceso a asilo o por necesidades del mercado de trabajo”, le dijo a BBC Mundo la Asesora Especial de Derechos Humanos y Género de ONUSIDA, Luisa Cabal.
“Aunque estas exenciones pueden abrir oportunidades que de otra manera serían denegadas, estos procedimientos son discriminatorios, no protegen la salud pública y añaden trámites burocráticos y complicaciones al procedimiento de solicitud de visa”.
Según la experta de Naciones Unidas, la aplicación de estas normas solo contribuye a “mantener familias separadas, destruir perspectivas profesionales y de vida y aumentar el estigma”.
En un segundo grupo de países con restricciones de menor intensidad , la entrada a portadores del virus del sida es libre para estancias cortas, pero se les exige demostrar que no tienen VIH si desean prolongar su estadía.
De acuerdo a la información de ONUSIDA, en este grupo se incluyen a Irak (cuando se desea estar en el país por más de 10 días) y a Egipto, Qatar o las caribeñas islas Turcas y Caicos (para más de un mes).
En estos territorios, se requiere un resultado negativo en pruebas de VIH realizadas solo en laboratorios autorizados por los gobiernos a las personas extranjeras que deseen quedarse para estudiar o trabajar.
Si el test resulta positivo, el permiso de residencia o trabajo les será denegado y la persona será expulsada en la mayoría de los casos.
En el tercer grupo de países con restricciones clasificado por ONUSIDA están los países que pueden llevar a cabo la deportación de ciudadanos extranjeros cuando se descubre que viven con VIH.
Además de los anteriormente citados, se encuentran en este grupo Rusia, Arabia Saudita, Corea del Norte, Siria, Singapur, Malasia, Kuwait, Jordania y Bahréin.
Restricciones en América Latina
Por último, ONUSIDA enmarca otros 17 países en un cuarto grupo por mantener “algún tipo de restricción” a la permanencia de personas extranjeras con VIH.
Estas barreras, que son las de categoría más leve de las evaluadas por el programa de Naciones Unidas, se encuentran en ocasiones en pequeños resquicios de leyes migratorias que podrían llegar a interpretarse como contrarias a la permanencia de personas con VIH, pese a que esto no esté reflejado de manera explícita.
En este apartado están territorios como Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Belice, Turkmenistán -entre otros- o cuatro países de América Latina: República Dominicana, Nicaragua, Paraguay y Cuba.
La legislación dominicana en materia de migración, por ejemplo, señala como impedimento para la permanencia en el país el “poseer una enfermedad infectocontagiosa o transmisible”. Y esta definición, de nuevo, puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias.
Esta disposición, pese a que no menciona específicamente el VIH, “se ha constituido en una zona de oportunidad para impedir que migrantes que viven con VIH o sida permanezcan en el país, dada la interpretación que hacen las autoridades”, según informaron a BBC Mundo desde la Oficina Regional de ONUSIDA para América Latina.
En este contexto, se han registrado en República Dominicana casos de personas a las que se denegó el visado de migración permanente por su estado serológico. Según ONUSIDA, “esta medida podría estar afectando especialmente a la población haitiana”.
Estancamiento de la incidencia
En los otros tres países latinoamericanos donde se mantienen restricciones, en cambio, parecen ser más bien normas sobre el papel que rara vez se aplican en la práctica.
Es el caso, por ejemplo, de Nicaragua. Según organizaciones de la sociedad civil consultadas por ONUSIDA, “no hay registro de casos donde extranjeros residentes, turistas o migrantes hayan sido rechazados o expulsados por ser portadores de VIH”.
Sin embargo, los solicitantes de visa en el país centroamericano sí que deben realizar una prueba de VIH como parte del proceso.
Según la información facilitada por ONUSIDA, el gobierno nicaragüense afirma que este test se realiza para “brindar asesoramiento confidencial sobre los servicios disponibles en el país”, y que ningún solicitante “enfrentará discriminación en función de su estado de VIH”.
Según los datos más recientes del Programa de Naciones Unidas relativos a 2016, se estima que 1.892.000 personas viven con VIH en Latinoamérica (sumando los países hispanohablantes de la región y Brasil).
Panamá, Cuba y Chile son los que reflejan las mayores tasas de incidencia de nuevos casos registrados el año pasado en proporción a su población. A nivel regional, esta tasa apenas se ha reducido en los últimos 25 años.
De todas las personas infectadas en América Latina, menos de la mitad recibe tratamiento antirretroviral. En 2016, se registraron cerca de 38.400 muertes por causas relacionadas con el sida.
¿Justificación médica?
Que el número de países en el mundo que mantiene algún tipo de restricción a extranjeros con VIH se haya reducido a casi la mitad durante la última década, muestra una clara tendencia hacia la desaparición de estas barreras.
Sin embargo ¿existe realmente una razón médica para que algunos gobiernos aún no las hayan eliminado aludiendo a un supuesto riesgo para la salud pública de sus países?
Según el doctor Marcelo Wolff, especialista en enfermedades infecciosas que lleva investigando el virus del sida por más de 35 años, la respuesta es clara.
“Las infecciones como el VIH que no son transmisibles a través del contacto social no deberían formar parte de estas restricciones”, le dijo a BBC Mundo.
Según el también profesor de la Universidad de Chile y miembro de la Academia Chilena de Medicina, existen otros riesgos para la salud pública con los que hay que tener precauciones por riesgo de epidemia, pero en ningún caso incluyen el VIH.
“Si un portador del virus del sida va en transporte público y tose, no se lo va a transmitir a nadie. Si alguien tiene tuberculosis y tose, eso ya es diferente”.
En lugar de las barreras en las fronteras, el experto apuesta por una mayor inversión en el tratamiento por parte de los gobiernos para frenar el número de contagios.
“Toda persona infectada debería estar diagnosticada y en tratamiento exitoso. Este tratamiento consigue que la persona no contagie a otra, ni siquiera en relaciones sexuales no protegidas”, dijo Wolff.
Del mismo modo, las campañas de concienciación siguen siendo necesarias para alertar del potencial contagio del virus.
Según el médico, el repunte de enfermedades de transmisión sexual como sífilis y gonorrea “demuestra que la gente no está practicando sexo seguro”.
“La gente se ha relajado y solo ve que, si enfermas, llevarás una vida bastante normal con la medicación”.
Los casos de China y EE.UU.
Aunque pueda parecer sorprendente la continuidad de estas restricciones en 2017, lo cierto es que dos de los tres países más poblados del mundo -China y Estados Unidos- levantaron sus prohibiciones hace solo siete años.
Desde que en 1987 el VIH fue incluido por Estados Unidos en la lista de afecciones que convertían a una persona “medicamente inadmisible” en el país, miles de personas seropositivas vieron denegadas sus peticiones de ingreso o residencia.
Incluso ciudadanos de países que no necesitan visa para viajar a Estados Unidos, eran preguntados formalmente en los formularios de ingreso si padecían alguna enfermedad contagiosa que les debiera impedir su entrada.
Hasta 2010, oficialmente, quienes tenían VIH o sida debían responder afirmativamente.
Incluso para la Reunión de Alto Nivel sobre Sida de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en 2006 en Nueva York, se tuvo que solicitar una exención especial para que los delegados que vivían con VIH pudieran entrar al país para participar.
Tras el levantamiento de la prohibición, organizaciones como la estadounidense Immigration Equality -que aboga por los derechos de inmigrantes LGBT y con VIH- relató lo que esta norma había supuesto durante más de dos décadas.
“La gente nos llamaba para decirnos: ’Estoy en el aeropuerto JFK y encontraron mis medicamentos cuando pasé por aduanas y me dicen que tengo volver a subirme al avión, ¿es así?'”, contó entonces la directora ejecutiva de la agrupación, Rachel Tiven.
Y, en muchos casos, así era. Las personas “descubiertas” con su medicamento debían volver al avión para regresar a su país.
Medicamentos en el extranjero
Según el doctor Wolff, aún son muchas las personas que le confiesan tener miedo de viajar y llevar sus medicamentos antirretrovirales en el equipaje por temor a tener que enfrentarse a preguntas incómodas en la aduana.
Sin embargo, uno de los mayores problemas para los viajeros internacionales con VIH puede ser el quedarse sin medicamento en el lugar de destino, ya sea por pérdida o porque se ve obligado a extender su estadía más de lo previsto.
“Hace poco tuve un paciente extranjero que vino a Chile, enfermó y tuvo que ingresar en la UCI. En ese tiempo, se le acabó el medicamento que trajo y que recibe gratis en su país. Aquí le dijeron que se lo podían dar, pero por unos US$2.000″, explicó Wolff.
Y es que aunque gobiernos y aseguradoras privadas compren el medicamento a un precio mucho menor, si un cliente fuera a comprar su tratamiento mensual por su cuenta le podría costar “entre US$500 y más de US$2.000, según el país”.
Por eso, Wolff apela a la responsabilidad de los portadores del virus que viajan para que no vayan con la medicación justa para su estadía en el extranjero.
“Es importantísimo mantener la terapia y no interrumpirla. Si el medicamento no funciona a veces, es generalmente porque no hay buena adherencia. Si la gente deja de tomarlos, el virus reaparece y ese medicamento no sirve”, dijo.
Por todos estos problemas que ya enfrentan los viajeros con VIH en sus desplazamientos, ONUSIDA sigue abogando para que las mayores restricciones a su libre circulación desaparezcan cuanto antes de todos los países.
“Estas restricciones son discriminatorias, son basadas en gran parte en el estigma y no protegen la salud pública. Es importante que se eliminen urgentemente porque son anacrónicas, ineficaces e innecesarias”, concluyó Luisa Cabal de ONUSIDA.
