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Entidades favorecen intención de enmendar Ley de Sustancias Controladas

Mientras, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (CFPR), favoreció la reducción de las penas por posesión de sustancias controladas en determinadas circunstancias.

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Varias entidades ligadas a la salud, así como organizaciones que brindan servicio y rehabilitación a las personas que han sido afectadas por el uso y abuso de drogas y alcohol, favorecieron el miércoles, la intención de un proyecto que enmienda la Ley de Sustancias Controladas e impone multas administrativas escalonadas a las primeras tres infracciones por posesión simple de marihuana.

“Debemos tener esa alta expectativa. Daremos un enfoque menos punitivo y más salubrista, haciendo claro que esta administración no tiene la intención de despenalizar el uso de la marihuana”, dijo Charbonier Laureano en declaraciones escritas.

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En vista pública de la Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier Laureano, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), destacó que las reducciones propuestas en el Proyecto de la Cámara 654 guardan mayor proporción con el delito cometido.

El administrador auxiliar de Servicios de Prevención y Promoción de Salud Mental de ASSMCA, Juan Rivera, planteó que el proyecto de la representante Charbonier Laureano es cónsono con la política pública de la presente administración en no promover legislación que despenalice la marihuana, pero sí, la investigación científica responsable de los derivados de esa droga para fines médicos y/o terapéuticos.

Entretanto, el Departamento de Salud consignó que la legislación persigue un propósito loable. “Crea herramientas legales para atender de manera menos punitiva y ofrecer un mecanismo rehabilitativo y educativo a individuos en la posesión de la marihuana”, dijo Waldo Quiñones, de la Oficina de Sustancias Controladas de la agencia.

Quiñones recomendó que se enmiende la medida para incluir lenguaje que contemple los casos bajo la reglamentación del cannabis medicinal, donde el paciente, que posee una de las condiciones establecidas en la reglamentación vigente, no reciba una orden o receta sino una recomendación de un médico certificado.

Mientras, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, favoreció la iniciativa y el que se usen los recursos del Gobierno en un modelo salubrista, que junto a un proyecto educativo, “nos permita ser efectivos en atender el problema social que implica la dependencia de sustancias controladas”. De otra parte, recomendó que la pieza incluya a otras sustancias controladas para que un mayor número de usuarios puedan beneficiarse de un acercamiento salubrista al problema de la adicción.

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De igual manera, el pediatra sostuvo que las multas propuestas deben ser integradas a un fondo de rehabilitación y atención para personas con problemas de adicción a sustancias controladas.

Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (CFPR), favoreció la reducción de las penas por posesión de sustancias controladas en determinadas circunstancias. La asesora legal de la CFPR, licenciada Milagros Morales, recomendó que la legislación se armonice con los cambios en política pública en torno al uso de la marihuana para propósitos medicinales.

De otra parte, la organización LOGROS, que cuenta programas de prevención, orientación y desvío para usuarios de drogas y alcohol, respaldó que se encamine legislación para enmendar las penas de reclusión por el uso de la marihuana, a fin de rescatar al adicto.

“Favorecemos un proyecto salubrista que, a su vez, pueda proveer herramientas preventivas y tratamiento a los usuarios que sean arrestados por el uso de la marihuana”, señaló el pastor Luis Alberty.

Mientras, el presidente de los Hogares Crea, Héctor Figueroa, dijo que el proyecto busca que una persona que presenta problemática ante el uso de la marihuana, y que esto la pueda llevar a otra adicción mayor, tenga herramientas a tiempo para atender su adicción.

Luego de escuchar a los deponentes, la Presidenta de la Comisión manifestó que el proceso de evaluación del proyecto está en su etapa final. “Hemos tenido un proceso excelente, arduo y responsable con la evaluación de este proyecto. Las posturas y recomendaciones están siendo analizadas, pero recuerden que esta es una legislación que nace mirando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, expresó.

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