La Junta de Control Fiscal (JCF) anunció hoy que aprobó y certificó la radicación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una petición voluntaria bajo el Título III de PROMESA para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El Chairman de la JCF, José Carrión, explicó en una comunicación escrita que la Junta determinó que era necesario y apropiado que el Gobierno de Puerto Rico radicara dicha petición voluntaria bajo el Título III de PROMESA para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, en vista de la expiración a la media noche del lunes de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA.
PUBLICIDAD
Carrión enfatizó que esta radicación bajo el Título III no debe precluir esfuerzos para continuar las negociaciones para la restructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores.
“La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones”, dijo Carrión.
El Chairman aseguró que el Plan Fiscal certificado del Gobierno de Puerto Rico, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda. Pero los problemas de liquidez y solvencia del Gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre.
También indicó que la expiración el lunes por la noche de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA hacía al gobierno y sus entidades vulnerables a litigios por parte de sus acreedores.
“La Junta de Supervisión toma esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en PROMESA, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”, concluyó Carrión.
