“En el Senado de Puerto Rico no se aprobará ninguna ley, ningún presupuesto, ni se consentirá a ningún acuerdo que produzca a otros sectores corporativos de los bonistas, como los fondos de cobertura y los fondos buitres, mejores condiciones que a los bonistas individuales, principalmente a los residentes en Puerto Rico”, aseguró hoy el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en su mensaje a los más de 500 bonistas locales que se dieron cita al Segundo Encuentro de Bonistas de Puerto Rico.
El legislador aseguró que si los bonistas corporativos quieren llegar a acuerdos “amigables y razonables” bajo la Ley Promesa, que requiere la aprobación del Senado, “tiene que entender que esa es una condición firme e invariable en la mayoría del Senado de Puerto Rico”.
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El líder senatorial participó con el presidente de la Cámara de Representantes del panel “La perspectiva de la Legislatura” que fue moderado por Rafael Rojo, presidente de Bonistas del Patio. Durante su comparecencia Rivera Schatz contrastó las gestiones administrativas tomadas por la presente administración en tan sólo tres meses con los decisiones tomadas el pasado cuatrienio.
El presidente del Senado recomendó a los fondos de cobertura y a los fondos buitres que realicen negociaciones “de buena fe” con los bonistas individuales, principalmente los residentes en la Isla. También, sugirió que acuerden una “oferta razonable y viable” que reconozca la precariedad del sistema colonial y otorgue trato igual, proporcional y justo para todas las partes.
Ante esto, indicó que una vez se concrete el acuerdo con el Gobierno y los distintos bonistas, el Gobernador y la Asamblea Legislativa “debemos ponernos de acuerdo” para aprobar legislación que permita a los bonistas locales e individuales recuperar todo o parte de lo que no se les pueda pagar. Sin embargo, recordó que de Puerto Rico ser estado de la nación americana garantizaría que la Isla tenga el dinero suficiente para pagar el 100 porciento de sus obligaciones y mejorar la calidad de vida a la vez que abre una puerta de “muchas oportunidades”.
Durante su comparecencia el presidente senatorial anunció la posibilidad de legislar para otorgar créditos futuros en las planillas por ingresos de los bonistas. Hasta el presente el Código de Rentas Internas sólo autoriza a quienes tienen pérdidas realizadas en sus bonos al poder reclamar una parte de las mismas contra futuras ganancias de capital. Por otra parte, comentó que una vez concluya el acuerdo sobre la deuda se debe considerar legislar para otorgar a los bonistas locales con pérdidas realizadas “prioridad” en los otorgamientos de cualquier garantía, incentivo o préstamo que desembolsen el gobierno y sus corporaciones públicas, incluyendo con fondos federales, para financiar nuevos negocios. “Esto permitiría que muchos bonistas recuperen parte o todo lo que hayan perdido en una negociación de la deuda”, dijo, al destacar que el gobierno debe tomar como garantía el 100 porciento del valor principal del principal de los bonos perdidos o no pagados en la negociación como colateral a cualquier préstamo o incentivo que pueda desembolsar el gobierno.
Schatz comentó que, entre las legislaciones a considerarse, debe estar el que el gobierno le dé prioridad a los bonistas locales con pérdidas realizadas para que el gobierno y sus corporaciones públicas le otorguen prioridad en la compra o el arrendamiento de cualquier propiedad pública “reconociendo el 100% del valor del principal de los bonos que fueron pérdidas en realizadas. Incluso, debemos considerar otorgar prioridad a estos bonistas locales con pérdidas en cualquier privatización de programas o servicios”.
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“Todas esas posibilidades, reitero, quedarían pendientes al resultado de las negociaciones bajo el Título VI de la ley PROMESA; y a las realidades presupuestarias en ese momento. Mi intención es dejar claro que haremos todos los esfuerzos posibles para minimizar sus pérdidas, sea por la vía del acuerdo negociado sobre la deuda y por otras vías”, sostuvo Rivera Schatz luego de destacar que el Plan Fiscal presentado por el Gobierno reconoce la urgencia de cambios y ajustes que no afecte la crisis económica y que se han dado los primeros pasos para reanudar el pago de la deuda.
