Se acerca la hora cero para el Gobierno de Puerto Rico, que trabaja en los toques finales del plan fiscal que deberá entregar este 28 de febrero a la JCF.
De acuerdo con analistas puertorriqueños, dicha entrega supone al menos tres escenarios: la aprobación del plan preparado por la administración del gobernador Ricardo Rosselló, el rechazo de la Junta al documento o la aprobación de un plan con recomendaciones del Gobierno y del ente federal.
PUBLICIDAD
Esta última opción sería la más probable, según el ingeniero y analista político Carlos Pesquera, quien opinó que el plan del gobernador Ricardo Rosselló podría estar en un punto medio entre las recomendaciones de la JCF, “basado en los efectos que puede tener para Puerto Rico la austeridad que implica lo que la Junta está pidiendo”.
De igual forma, Pesquera destacó que “lo más importante del plan fiscal es el tema de salud y cómo va a atender la crisis en los sistemas de retiro”.
Según el analista político, Rosselló podría plantear a la Junta los esfuerzos que está haciendo para conseguir fondos federales en el área de salud, así como otras medidas de su administración, como el empleador único.
“El problema de todo esto es que la Junta va a asumir su posición de que, según la Ley PROMESA, hay 14 puntos que hay que cumplir y probablemente no se cumplan con lo propuesto por el gobernador, específicamente la confiabilidad de los ingresos y los estimados en el plan fiscal”, opinó el ingeniero.
El abogado federal John Mudd coincidió con Pesquera en que la JCF podría aprobar un plan mixto. “La Junta va a adoptar ciertas partes del plan del Gobierno y en ciertas partes va a hacer lo que le da la gana. Eso es lo que en realidad va a ocurrir y eso lo sabremos el 15 de marzo, que es cuando la Junta dijo que iba a certificar un plan. Lo mismo va a pasar con todas las instrumentalidades”, precisó.
PUBLICIDAD
Junta podría tener ya su plan
Pesquera expuso que la JCF podría tener su propio plan de contingencia en caso de que el del Gobierno no sea certificable, ya que el objetivo es implementarlo en el año fiscal que comienza el 1 de julio.
“El 15 se va a certificar un plan. Lo que pasa es que ese plan no va a ser probablemente el mismo plan que el gobernador va a entregar”, opinó, por su parte, el abogado John Mudd.
Este añadió que luego de certificado el plan el Gobierno verá cómo negociará con los bonistas.
Recta final en silencio
Funcionarios locales, así como la Junta, se negaron a hacer expresiones hasta mañana, día en que se entregará el documento.
La pasada semana, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, anunció a través de una comunicación escrita que no emitiría declaraciones hasta mañana. El representante del gobernador ante la Junta, Elías Gutiérrez, y el director ejectivo de la JCF, Ramón Ruiz Comas, hicieron lo mismo.
